Desechan legisladores por unanimidad, la idea de establecer en Coahuila una Ley ‘anti-chapulines’
En el Congreso del Estado los diputados locales “cocinan” una reforma electoral al gusto de sus partidos políticos. Para ello han tenido que echar a la basura una serie de planteamientos incómodos que durante dos meses presentaron ciudadanos y grupos de la sociedad civil durante los foros
de consulta ciudadana preparados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila para enriquecer el proyecto de la nueva legislación electoral.
En la primera sesión de la comisión especial de legisladores que se formó para analizar las propuestas de reforma electoral, los diputados encabezados por el priista Francisco Saracho Navarro, fueron determinantes al desechar por unanimidad, la idea de establecer en Coahuila una Ley ‘anti-chapulines’,
un impedimento jurídico para que los servidores públicos de elección popular abandonen su cargo antes de tiempo con miras a buscar acomodo en otra posición pública.
“Eso se rechazó de forma tajante”, aseguró Saracho, en un afán por despejar cualquier duda en torno a que las modificaciones a la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, que estarán listas para septiembre de este mismo año, no incluirán la medida.
Los legisladores tampoco estuvieron de acuerdo en que los magistrados del Tribunal Estatal Electoral sean electos por voto popular y no designados por el Congreso local a propuesta del Ejecutivo.
“Ya con el espectáculo que los diputados damos en el Congreso tenemos. Imagínense ustedes si los magistrados son electos igual que los diputados, no habría acomodo para tanto debate en el Tribunal”, consideró el diputado priista Sergio Guadalupe Reséndiz Bone.
También argumentó que la función de los magistrados “no es tanto política, como la nuestra”, sino más bien técnica, por lo que no consideró necesario que la Corte electoral en el estado se integre por voluntad popular.
Sin embargo, a favor de la propuesta ciudadana abonó el coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional, José Antonio Jacinto Pacheco, quien consideró que si los magistrados electorales fueran electos por los ciudadanos “se deberían exclusivamente a los ciudadanos y no andarían tratando de quedar
bien con los diputados o con el gobernador”.
Ayer lunes los legisladores se atoraron en dos discusiones centrales. Primero no se pudieron poner de acuerdo en una propuesta ciudadana a fin de incrementar los requisitos en la cantidad de votos para que los partidos políticos conserven su registro. Luego, no encontraron consensos en la idea de reducir la cantidad de diputados locales.
PORCENTAJE DE VOTOS
En el primer sentido la propuesta recibida durante los foros de consulta ciudadana simplemente planteó la necesidad de incrementar el porcentaje de votos para que los partidos conserven su registro estatal y si bien casi todas las fracciones parlamentarias estuvieron de acuerdo en la propuesta, las diferencias surgieron al hablar de cantidades.
Por ejemplo, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México coincidieron en que tras un proceso electoral los partidos alcancen al menos el tres por ciento de los votos para mantener su registro y seguir recibiendo financiamiento público para sus actividades.
Sin embargo, la bancada del PAN fue más allá al proponer que el porcentaje mínimo de votación fuera del cuatro por ciento, es decir, lo doble de lo que actualmente establece la Ley.
En este sentido el diputado priista Demetrio Zúñiga Sánchez consideró que el porcentaje mínimo de votos para el registro de los partidos políticos se debe incrementar sin perder de vista la garantía de representatividad y pluralidad política que debe existir en el estado, es decir, sin pretender desaparecer de golpe a los partidos políticos emergentes, que figuran con dificultad en cada elección.
Sin embargo, el legislador panista José Ignacio Máynez consideró que “si bien debemos vigilar el asunto de la representatividad”, también “es un hecho que al tener requisitos mínimos para mantener su registro y seguir así recibiendo financiamiento público, los dirigentes de algunos partidos políticos han encontrado
su modo de vida”.
La comisión especial de diputados reanudará actividades el próximo martes con estos dos últimos temas sobre la mesa. Para entonces también discutirán el planteamiento de establecer en Coahuila la figura jurídica de revocación del mandato constitucional para los servidores públicos.
