Revelador de la futilidad del esfuerzo gubernamental en pro de la Seguridad Pública es el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra la Delincuencia. Hace poco más de nueve años, en diciembre de 1997, el presidente Ernesto Zedillo obró de manera semejante al iniciar la Cruzada nacional contra el Crimen y la Violencia. Mismo nombre; esperemos que no iguales resultados.
Como Felipe Calderón, Zedillo inició su Gobierno con preocupaciones en materia de justicia y seguridad. En el terreno que hoy nos ocupa, promovió la reforma constitucional para dar al concepto de Seguridad Pública un alcance mayor que el concerniente al orden municipal. Y, en consonancia, publicó el 11 de diciembre de 1995 una Ley de nombre larguísimo y corta eficacia: Ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta norma, que buscaba combinar las tareas de las policías federales (en 1999 se crearía la Preventiva, en el mismo orden de ideas) con las estatales y municipales, estableció dos órganos de dirección, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y su secretario ejecutivo. Aquel se compone por los titulares de las secretarías de Seguridad Pública locales, y el federal, que lo encabeza. Ayer efectuó ese consejo su vigésimo primera reunión, para lanzar la nueva versión de la cruzada zedillista (y de otros planes que en momentos de urgencia parecieron necesarios pero resultaron fallidos) y para designar secretario ejecutivo.
El primero, en el tiempo de Zedillo, fue Mayolo Medina, un competente funcionario que duró en el cargo del 25 de agosto de 1998 al 17 de julio de 2001 y fue despedido por el primer secretario federal de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero. El sentido técnico de la tarea de coordinación asignada al secretario ejecutivo se perdió cuando Miguel Ángel Yunes fue designado subsecretario de Prevención y Participación de la propia secretaría federal, bajo las órdenes de Ramón Martín Huerta, y luego pasó a aquella oficina, la secretaría ejecutiva. Si bien Yunes había tenido encargos relacionados con la materia a su paso por el Gobierno de Veracruz y en la Secretaría de Gobernación, no eran sus méritos profesionales sino los políticos los que provocaron su nombramiento. Dependiente de Elba Esther Gordillo en el breve lapso en que ella coordinó a los diputados priistas en la LIX legislatura, Yunes la precedió a su salida del PRI. Su incorporación al Gabinete de Vicente Fox, y su posterior ascenso al de Calderón, ahora como director general del ISSSTE, confirmó la notoria vinculación de Gordillo a las dos administraciones panistas, que ha permitido a la dirigente magisterial la configuración de un ancho territorio propio en el Gobierno calderonista, como adecuada retribución a los servicios prestados en el proceso electoral.
En función de esos servicios el nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es Roberto Campa Cifrián, candidato a la Presidencia de la República postulado por Nueva Alianza, el partido creado por Gordillo. Estaríamos en presencia de un saludable acto de civilidad política si el titular del Ejecutivo, en vista de coincidencias ideológicas o políticas, hubiera invitado a un adversario en la contienda presidencial a incorporarse a su Gobierno. Lo hizo Fox con Gilberto Rincón Gallardo, en función de la propuesta específica que éste hizo durante su campaña, como candidato de Democracia Social, en torno a la discriminación. Como consejero cercano a la Presidencia, Rincón Gallardo impulsó la emisión de una Ley sobre la materia y la creación del órgano correspondiente, un consejo nacional para prevenir y erradicar la discriminación. La sola institucionalización de una respuesta innovadora a un problema que la sociedad mexicana se había ocultado explica y justifica el que un candidato presidencial trabajara con su rival vencedor.
No es el caso de Campa, que ni siquiera llega al cargo que protestó ayer por una aportación singular, valedera, en este campo, o por su preparación o interés en la materia. Campa llega a ocupar una parcela de la ínsula gobernada por Gordillo, a llenar el hueco dejado por Yunes, que a su vez dirige el órgano de seguridad social de la burocracia, posición clave que Fox asignó a la lideresa y se ejerció a través de Benjamín González Roaro, ahora miembro de la diputación panista.
Hasta noviembre de 2005, Campa fue priista, y observó en ese partido, en más de una oportunidad, una conducta digna. Aunque no alcanzó la postulación, eligió no allanarse a la imposición de Jesús Silva Herzog como candidato a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Y en 2005 votó en la Cámara de Diputados contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador no por identificarse con él, como subrayó, sino por conocer la naturaleza política de la maniobra contra el futuro candidato presidencial.
Convertido de súbito en aspirante presidencial, fue primero instrumento de Gordillo contra Roberto Madrazo y despúes, a sabiendas víctima de la estrategia convenida por Gordillo con Calderón para engrosar los votos a favor del panista. Campa alcanzó únicamente cuatrocientos mil votos, ¡un millón cuatrocientos mil sufragios menos! que los alcanzados por los candidatos a diputados de su mismo partido. Al sacrificarlo de ese modo, Gordillo logró representación parlamentaria para el Panal y un territorio administrativo en que, en nueva humillación, no ha correspondido a Campa la presencia más relevante y digna.
