Conforme a la convocatoria a su asamblea nacional (la cuarta extraordinaria) que desembocará el cuatro de marzo, en estos días (entre el 15 y el 30 de enero) debe estar elaborándose el documento base para las discusiones en las plenarias. La tarea está a cargo de los consejos técnicos, las comisiones temáticas y de dictamen del Consejo político nacional, que recibieron propuestas de las asambleas deliberativas integradas por delegados elegidos en diciembre.
Tales labores suponen una intensa movilización de los priistas en todo el país pues todavía, a pesar de sus infortunios electorales, el PRI es el partido con mayor implantación en el territorio nacional. La ebullición que la elección de delegados y el debate de propuestas debió causar en ese partido ha pasado a segundo término, sin embargo, ante la cuestión más concreta de quiénes dirigirán el partido durante los próximos cuatro años.
La vida partidaria se ha condensado en torno del proceso interno, en que contienden cinco fórmulas, dos de las cuales son las que tienen posibilidades reales de triunfo. El que despierten mayor interés las personas que las ideas es propio de un partido al que la ideología no importó nunca demasiado, pues su ideario cambiaba (o recibía énfasis o sufría atenuaciones) según la impronta presidencial. Es, en consecuencia, una señal de que el viejo PRI, el de los intereses concretos que posterga o desdeña los principios sigue vigente.
También se aprecia esa supervivencia en los talantes de los candidatos a los puestos de dirección. Señalada ella misma por su prolongada presencia en los mandos priistas y de la administración pública, Beatriz Paredes cometió el error al que había escapado en 2002, cuando también aspiró a encabezar a su partido. Entonces escogió como compañero de fórmula a Javier Guerrero, un joven con ideas frescas y que, no obstante su cercanía al presidente Zedillo no se había contagiado de neoliberalismo. En cambio ahora, la ex gobernadora de Tlaxcala, acaso por compromisos con factores determinantes del voto que elegirá a los líderes priistas, escogió como candidato a secretario general a un dinosaurio, que no agrega nada a su candidatura (pues las virtudes que la experiencia pudo haber generado en Jesús Murillo Karam son análogas a las de la propia aspirante presidencial) y sí le quita, pues el ex gobernador de Hidalgo encarna algunos de los peores vicios del sistema al que ambos sirvieron. No está previsto que los candidatos presenten declaración patrimonial, pero si espontáneamente lo hicieran sería notorio el enriquecimiento de Murillo, conocido en Hidalgo como lo es también el de su entorno familiar.
Enrique Jackson aparentó que era sensible a las aspiraciones de los nuevos priistas y eligió como compañera de fórmula a Sara Latife Ruiz Chávez, una joven diputada federal de sólo treinta años de edad. Ya se apreciaba que su juventud cronológica no correspondía con la política al saber que estaba adscrita al grupo gobernante de Quintana Roo, como funcionaria municipal en la alcaldía de Félix González Canto en Cozumel y como integrante de los gabinetes estatales del propio González Canto, gobernador desde 2005 y su antecesor y jefe Joaquín Hendricks, uno de los amigos dilectos de Kamel Nacif. Pero ahora se ha encontrado que, como en los viejos tiempos, la fresca aspirante a secretaria general se dedica a negocios no muy edificantes, que habría además iniciado, valida de su condición de funcionaria.
La ahora diputada es propietaria de un establecimiento que, con licencia para funcionar como restaurante-bar, es un club masculino, donde se practica el table dance. El lugar se halla en la avenida Pedro Joaquín Coldwell (otra vieja manía priista, la de imponer nombres de gobernantes de esa filiación a vías principales) de Cozumel y desde marzo pasado quedó a nombre del padre de la legisladora. De la información revelada por el diario Reforma (24-I) se desprende que acaso se practique el lenocinio en ese exclusivo centro social, pues las bailarinas están autorizadas para salir con los clientes mediante el pago de una comisión a la casa.
En Baja California prospera otra expresión del viejo PRI, que resulta de combinar negocios que requieren autorización gubernamental y rayan en la ilicitud (como los juegos de azar) con la actividad política. Jorge Hank Rohn, alcalde de Tijuana se apresta a ganar la candidatura al Gobierno Estatal. Sólo podría estorbar su propósito el que se deteriore su posición en torno a la seguridad pública. Por desconfianza, su Policía Municipal está actualmente desarmada y su jefe de escoltas parece estar involucrado en asuntos escabrosos. Se llama Jorge Antonio Vera Ayala y es hijo de Antonio Vera Palestina, que tuvo la misma ocupación cerca de Hank Rohn y que ha purgado parte de una condena de 25 años por el asesinato de Héctor Félix Miranda, uno de los fundadores del semanario Zeta, que ha atribuido ese crimen al propio Hank Rohn. A estas horas, por cierto, Vera Palestina podría estar en libertad porque ganó un amparo a favor de su libertad anticipada y la dirección del penal de Puente Grande dejó pasar el término para ir a la segunda instancia de ese juicio de garantías.
Pero estamos en Vera Ayala. En noviembre se le llamó a declarar en torno al asesinato de un jefe policiaco, perpetrado desde una camioneta que luego se supo estaba a cargo de Vera Ayala. Anteayer fue víctima de un atentado del que salió ileso porque circulaba en un vehículo blindado.
