El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, (perteneciente al grupo político de Mario Villanueva, preso en el penal del Altiplano por delincuencia organizada, que heredó su cargo a Joaquín Hendricks, que lo dejó al actual Ejecutivo) es mal cabildero. En vez de actuar cerca de los legisladores que aprobaron una reforma legal contraria a los intereses del grupo que representa, prefirió influir al presidente de la República para que vetara tal reforma y para ello tomó el pelo a 15 gobernadores más, a los que hizo quedar en ridículo pidiendo el jueves pasado lo que ese mismo día dejaba de tener sentido pedir.
Sin atreverse a llamar a las cosas por su nombre, sino sólo sugiriendo un análisis que debió llevarse a cabo en la etapa legislativa, análisis que ?indiscutiblemente debe anticiparse a la promulgación de la reforma?, los gobernadores engatusados por González Canto, que la pasaba bien en la Feria de Turismo de Madrid, formularon tardíamente su pedido de por lo menos aplazar la publicación. A la misma hora en que en diarios de la Ciudad de México se imprimía la solicitud de los gobernadores de estados costeros (salvo Patricio Patrón, de Yucatán) estaba en prensa el Diario Oficial del primero de febrero en que figuró el texto legal objetado por González Canto (y formalmente por el resto de los firmantes).
La reforma a la Ley general de vida silvestre, cuya publicación no pudo ser impedida dice a la letra: ?Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia, de su productividad natural, de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos?.
Los gobernadores se opusieron al ?carácter prohibitivo? de la reforma porque ?impide el desarrollo económico que nos proporciona los recursos naturales para garantizar la satisfacción plena de los derechos sociales de los habitantes de nuestros estados?. Con menos retórica, aproximándose a su móvil real, el gobernador González Canto hizo pedir a sus colegas la ?conciliación de los intereses y preocupaciones de los sectores social, público y privado?, pues la reforma legal ?al prohibir absolutamente cualquier tipo de aprovechamiento, imposibilita el desarrollo de proyectos estratégicos para el país como es la infraestructura energética, de comunicaciones y transportes, así como una seria afectación a sectores básicos de nuestras entidades, como lo es el sector de pesca y acuacultura y paraliza el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios en la mayor parte de los litorales del país?.
Esto último es el verdadero móvil del gobernador de Quintana Roo, que cuando fue alcalde de Cozumel hizo oficia la mayor del ayuntamiento a la ahora diputada Sara Latife Ruiz Chávez. Al plantear el viejo dilema entre desarrollo y preservación, González Canto argumenta a favor de la Asociación de desarrolladores inmobiliarios que, como lo han hecho ya en vastas extensiones del litoral, sacrifican el porvenir social por la ganancia privada inmediata. La destrucción de manglares, para hacer posible la cual quisieron los gobernadores que se vetara la ley, pone en riesgo la biodiversidad y es peligrosa, en corto y mediano plazo, para la seguridad de las personas y sus bienes. Haber arrasado los manglares en las costas del sudeste asiático potenció hasta extremos atroces los efectos del tsunami de diciembre de 2004.
Ello es así, explicó hace dos años Héctor Magallón, de Greenpeace, porque ?además de servir como barreras contra inundaciones y huracanes, los manglares protegen la línea costera contra la erosión, sirven como filtros y purificadores de agua y albergan una enorme biodiversidad. Hasta el 80 por ciento de las especies de las especies de peces y crustáceos de interés comercial y de los que viven en los arrecifes de coral, pasan una etapa de su vida en los bosques de mangle. El valor estimado de los servicios ambientales que este ecosistema brinda tan sólo a las pesquerías mexicanas alcanza los 14 mil 850 millones de dólares al año. Desafortunadamente se han ignorado los beneficios que brindan estos bosques costeños, (por lo que) en todo el mundo están desapareciendo a un ritmo alarmante?.
Tal noción, clara en el ambientalismo mexicano desde hace una década, condujo a la emisión de la norma NOM-022-Semarnat-2003, que en abril de ese año acotó radicalmente la expansión inmobiliaria en perjuicio de los manglares. Acaso tal determinación contó entre las causas de la remoción del secretario Víctor Lichtinger, despedido en septiembre siguiente. No transcurrió mucho tiempo sin que su sucesor, Alberto Cárdenas, modificara esa norma, en mayo de 2004, para introducir la posibilidad de ?compensaciones? que prácticamente dejó sin efecto la previsión anterior, al grado de que de inmediato se echaron a andar 17 proyectos turísticos en perjuicio del ecosistema costero.
La reforma legal, de cuya paternidad se ufana el Partido Verde, pero que realmente se incubó mucho tiempo atrás en la sociedad civil, deberá impedir que eso siga ocurriendo. Sabremos si el secretario Elvira ordena aplicarla con firmeza o si responde a los mismos intereses de quien fue su jefe.
