Dos minas de oro en Guerrero y San Luis Potosí, propiedad de empresas canadienses (con socios mexicanos), de producción promisoria, han enfrentado y encaran aún conflictos con las comunidades en que operan. En el primer caso el diferendo parece haberse resuelto. En el segundo podría complicarse hasta llegar a la violencia.
En la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (antes Zumpango del río), situado en el centro de Guerrero, revive la explotación minera que comenzó en el siglo XVI. Desde hace dos años la empresa Luismin, asociada con Goldgroup, cuya sede se halla en Toronto, inició los trabajos de exploración en la mina El Bermejal Los Filos. Pactó con la asamblea ejidal en cuyos terrenos se realizarán las labores a tajo abierto el pago de una renta de mil quinientos pesos por cada una de las 650 hectáreas de que constaba la superficie a explotar. Pero al iniciarse este año, cuando se aproximaba el momento de la extracción de oro, una porción mayoritaria de la población afectada denunció el convenio y cerró los accesos a la zona minera para forzar una negociación.
El ocho de enero comenzó el bloqueo, con el que la comunidad demandaba no sólo revisar el monto de la renta, sino la obtención de beneficios adicionales. La empresa presentó denuncias penales para combatir la acción comunitaria y aunque en algún momento se presentaron agentes de la Policía Ministerial no se produjo ninguna detención. Sí ocurrieron, en cambio desalojos violentos por la Policía Preventiva, que a la postre resultaron estériles porque los ejidatarios volvieron a la carga. El alargamiento del bloqueo perjudicaba a algunas familias, cuyos miembros (incluidos menores de edad, como Olivia Peña, de 14 años de edad, según nos hizo saber Roberto Zamarripa en Reforma, el 19 de febrero) trabajaban para la minera por 800 pesos a la semana con jornadas de diez horas.
Finalmente el lunes pasado se resolvió el conflicto. Fue firmado un nuevo convenio de 22 puntos, que incluye una ampliación de la zona arrendada, a 970 hectáreas, por cuyo uso se pagarán doce millones de pesos al año. Se entregó a los ejidatarios, en dos partes, la cantidad de dos millones y medio, para resarcirlos de los costos de diversa índole en que incurrieron en los casi tres meses que duró el conflicto.
Aparte esos gastos, Goldgroup resintió una disminución de siete dólares por acción en la bolsa de Toronto (aunque en esa baja pudo haber influido también otro conflicto, en Honduras). Pero los beneficios esperados superan con mucho esas afectaciones. Luismin confía en producir este mismo año diez mil onzas de oro al día, cerca de trescientas mil al año, que casi duplicarán la producción de la mina de La Herradura, en Sonora, que con 160 mil onzas tiene el primer lugar en todo el país.
En la mina de San Xavier, en San Luis Potosí, la empresa espera producir noventa mil onzas de oro al año (y dos millones de onzas de plata). Un sesenta por ciento de esa cantidad se alcanzaría en los próximos tres o cuatro meses. Ya fue fundido el primer lingote de oro, lo que marca el comienzo de la producción.
Pero la empresa se mueve en un panorama incierto, porque enfrenta la animosidad de un vasto sector de la capital potosina, agrupado en un Frente Amplio Opositor, que ha desarrollado una prolongada batalla jurídica, en varios frentes, contra esa explotación que a juicio de esos potosinos generará mayores males que los beneficios que puede acarrear. La Minera San Xavier ha sorteado, de buena o mala manera los obstáculos legales erigidos por los opositores y aunque está en trámite un recurso ante el Tribunal de justicia fiscal y administrativa en torno de uno de los permisos en litigio, expedido por la Secretaría del Medio Ambiente, las operaciones han comenzado ya, lo que incrementa el riesgo de la acción directa con que los opositores anunciaron su decisión de frenar esos trabajos.
El Frente Amplio Opositor expone diversos argumentos contra la explotación minera, que se alza en el pueblo de san Pedro, municipio del mismo nombre, donde se originó la ciudad que hoy es capital del estado. Señalan diversos riesgos contra el patrimonio cultural de la zona y contra el equilibrio ecológico y la salud de los potosinos. Los opositores temen que las explosiones dañen edificios de valor histórico, considerados patrimonio de la humanidad y calificados de monumentales por el INAH. Temen también que el cianuro (se prevé la utilización de 25 toneladas diarias) genere una contaminación ambiental que de afectar también el agua potable pondría en peligro la salud de un millón de potosinos.
La empresa, que ha invertido cerca de 900 millones de pesos (250 sólo el año pasado) asegura haberlos destinado no sólo a sus plantas sino también a “creación de infraestructura (dos millones 400 mil pesos), desarrollo económico de la región, protección al patrimonio cultural (cuatro millones de pesos) y al cuidado ecológico de la zona”. Así lo afirma el director general de la empresa, Jorge Mendizábal, que responde en tono sardónico a los argumentos opositores:
“Primero alegaban que íbamos a matar a toda la población de la ciudad de San Luis, que íbamos a asesinar a dos millones de personas. Después dijeron que íbamos a crear con nuestras voladuras de dinamita (la dinamita ya no se usa) un terremoto de siete grados de intensidad que tendría repercusiones hasta en la falla de San Andrés. Ahora dicen que no tenemos los permisos necesarios, lo cual es falso...” (El Financiero, dos de abril).
