Hace ya cuarenta días que el Senado aprobó la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y el Ejecutivo Federal -que en ese lapso tomó vacaciones y viajó dos veces al extranjero- no se ha ocupado de ella. No la ha publicado ni ha formulado observaciones. De haberlas, la Presidencia tendrá que hacerlas de conocimiento del Congreso pasado mañana, cuando se reúna de nuevo, al iniciarse el segundo periodo de sesiones ordinarias de esta Legislatura. La Constitución establece una suerte de aprobación ficta por parte del Ejecutivo: si en diez días no veta un proyecto recibido del legislativo se presume que no lo objeta y debe publicarlo. Esa regla tiene una excepción, materializada en este caso, pues el Congreso cerró sus sesiones poco después de que esa Ley fue aprobada en el Senado, el 19 de diciembre, y por lo tanto el plazo fijado se interrumpió.
Se ha alargado ya en demasía el proceso legislativo que permita tener en vigor una Ley de extrema necesidad social y que contribuya a atajar las agresiones que en su propia casa, y fuera de ella, padecen cotidianamente millones de mujeres de toda ubicación social. El 28 de abril de 2005, todavía en la legislatura anterior, fue aprobada en el Senado la iniciativa de una Ley que crea el Sistema nacional de prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Puesto que el periodo de sesiones tocaba a su fin, sólo al comienzo del siguiente, el siete de septiembre, la minuta respectiva fue hecha llegar a la Cámara de Diputados, donde no se la dictaminó de inmediato. En el siguiente periodo de sesiones, el postrero de la LIX legislatura, fue presentada en San Lázaro, el dos de febrero, una iniciativa sobre el mismo tema, destinada a formular una Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que dictaminada junto con la minuta senatorial, fue aprobada el 26 de abril, ya en las postrimerías del último periodo ordinario de aquella legislatura y enviada de regreso al Senado.
Sólo el cuatro de diciembre pasado, tres meses después del comienzo de las tareas del nuevo Senado fue requerida la minuta procedente de San Lázaro, y en la comisión de equidad y género (sic, por equidad de género), encabezada por la panista Blanca Judit Díaz Delgado se objetaron modificaciones hechas por los diputados, a 18 artículos de la minuta devuelta. En la plenaria del 19 de diciembre, la presidenta de esa Comisión retiró sus reservas a 15 de esos artículos y propuso modificaciones a los tres restantes. La asamblea no compartió el punto de vista del dictamen y sin discusión fue aprobado el documento en que los diputados habían modificado el de los senadores. Si éstos últimos no se hubieran allanado, es decir si hubiera prosperado la posición panista, la minuta debería haber sido devuelta y el tema no podría abordarse en ese periodo de sesiones. Con sólo un voto en contra, el del senador blanquiazul Ricardo García Cervantes, y con 105 votos a favor fue aprobada la Ley, que conservó el nombre de la segunda iniciativa tramitada en San Lázaro y no el del originalmente aprobada en el Senado.
Así, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia debía estar en vigor. La fofa y fatua publicidad con que el Senado se presenta ante radioescuchas y televidentes busca dar esa impresión: de que la violencia contra las mujeres es cosa del pasado, pues unos agentes de no se sabe qué autoridad arrestan a un agresor: ?Señor Martínez, está usted acusado por agredir a su esposa. Acompáñenos?. El afectado intenta brevemente defenderse: ?Déjeme explicarle, por favor?, y luego exclama ?Suélteme, suélteme?. Su pedido cae en terreno yermo y, al contrario, será sancionado ya que, según la solemne voz que habla por los legisladores de Xicoténcatl: ?Esta será la última vez que le peguen a Patricia. En la Cámara de Senadores hemos aprobado una Ley para que las mujeres vivan libres de violencia, con castigos más severos para los agresores. En el Senado de la República trabajamos para ti?. Como muchos anuncios publicitarios, este engaña a sus destinatarios, porque al no estar en vigor la Ley no se han establecido ni el sistema nacional ni se ha formulado el programa integral de asistencia, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que son parte esencial de su contenido y permitirán su aplicación.
Es probable que la reticencia panista, que no impidió la aprobación de la Ley, sea recogidas por el presidente y lo mueva a emitir el primer veto de su Administración. García Cervantes, que llegó a expresar las renuencias formalistas de su partido se inconformó con los términos en que se enuncia y se busca aplicar uno de los instrumentos de defensa de las mujeres, la alerta de violencia de género. Probablemente con el fenómeno de Ciudad Juárez en mente, se define esa alerta como ?el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad?.
Aunque no hay en el texto legal referido a esa alerta de violencia de género nada que permita esa suspicacia, García Cervantes la encontró semejante a la suspensión de garantías prevista en el Artículo 29 constitucional, situación extrema que es dictada a través de un mecanismo excepcional por la Presidencia y el Congreso, y no la Secretaría de Gobernación, como prevé esta Ley no nata.
