Desde que, en las horas previas a su asunción del Gobierno, el presidente Calderón manifestó su propensión y su necesidad de cobijarse en las instituciones castrenses para gobernar, las fechas relativas al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que por rutinarias se habían vuelto huecas, han adquirido importancia política. Calderón insiste en adular a las tropas, aunque sea de modo repetitivo y por lo tanto demagógico. Ayer, en la fiesta del Día del Ejército -que recuerda el establecimiento de fuerzas federales diversas de las del porfiriato, surgidas de la lucha contra la dictadura y la usurpación huertista, y contra zapatistas y villistas- Calderón precisó el incremento salarial a los militares, que había anunciado el atropellado día mismo en que tomó posesión.
En correspondencia a la presencia privilegiada que el Ejecutivo ha dado a las fuerzas armadas, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, abandonó el nueve de febrero, llamado Día de la lealtad, la tradicional ajenidad militar a los asuntos políticos de la hora, lo que en Sudamérica llamaron la presidencia militar. El antiguo jefe de Galván, a quien reemplazó el año pasado, el general secretario Ricardo Clemente Gerardo Vega, había deslizado en algún momento comentarios que, según él mismo advirtió, no estaba bien que externara. Pero lo hizo de modo casual, en ceremonia privada a la que asistía como particular (si eso es posible en rigor jurídico). En cambio, Galván, que fue subsecretario en los años finales del sexenio pasado, se arrogó la facultad de avalar a la autoridad presidencial, de la que sin embargo depende. He allí al subordinado otorgando un apoyo que por Ley está obligado a prestar y por lo tanto no necesita expresarse.
Galván habló de la legitimidad presidencial de Calderón, con lo que se situó en la orilla opuesta de una posición política que, en ejercicio de su libertad expresan millones de personas, una muestra representativa de los cuales llamó presidente legítimo a Andrés Manuel López Obrador. No, ha venido a responder el general secretario, el legítimo es Calderón. No es al titular de la Defensa Nacional, que dispone de fuerza física, armas y organización, al que corresponde proclamar la condición política y jurídica de su comandante supremo. Quizá advertido de la desmesura de sus expresiones, en un nuevo discurso ?la frecuencia de sus intervenciones públicas por sí misma es cuestionable, pues sus deberes son más de hacer que de decir- ha utilizado un dicho militar para asegurar que las fuerzas armadas ?no buscamos hacer la guardia que no nos toca?, si bien insistió en que ?no dejaremos de hacer lo que nos corresponda?.
Planteó asimismo, como si no entrañara eventualmente una contradicción, la complementariedad de conductas: el hacer ?lo que las leyes nos mandan? y lo que ?nuestro comandante supremo instruya?. No siempre son compatibles ambas convicciones. En rigor estricto no lo es la creciente y aparatosa, más que eficaz, actuación castrense en las operaciones conjuntas contra la delincuencia organizada en un número cada vez mayor de entidades. El domingo mismo se anunció que, en adición a las tareas de ese género en Michoacán, Baja California, Guerrero y Sinaloa, habrá operaciones conjuntas en Tamaulipas y Nuevo León. Después del asesinato de cuatro agentes policiacos en Aguascalientes no será extraño ver incluida a esa entidad en la lista de los estados en que se militariza la acción policiaca.
A nadie parece importarle que se infrinja de modo flagrante la estricta disposición constitucional (Artículo 129), según la cual ?en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar?. Y quienes admiten que se relaje la observancia de la Constitución en aras del pragmatismo, harán bien en considerar este resultado de la presencia castrense en los estados más directamente afectados por el crimen organizado: a partir del 8 de diciembre, en que comenzaron las acciones en Michoacán, más de 16 mil 500 efectivos que participan en esas operaciones han detenido a alrededor de 580 personas, de las cuales sólo fueron puestas a disposición del ministerio público 360. Y de ellas, lo que acaso muestra una decisión de aprehender sólo con fines mediáticos y estadísticos, se ha iniciado proceso a sólo 94 personas. (Reforma, 19 de febrero).
Uno de los riesgos de acrecentar fuera de la Ley los márgenes de acción de las fuerzas armadas queda claramente significado en la existencia misma y en la operación del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de elite que parece no sujeto a limitación alguna. Encargados de la seguridad de la casa y de la persona del Ejecutivo (y su familia) miembros de ese segmento del Ejército se constituyen en autoridad suprema respecto de los derechos de las personas. Hace unas semanas remitieron a un juzgado cívico a un militante perredista ?en ese momento vocero de su partido?por invadir un tramo de la vía pública que su simple autoridad había clausurado. Mucho peor fue el comportamiento de otros miembros de ese cuerpo el viernes 18 en Tlaxcala, cuando su jefe asistía a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los guardias militares impidieron realizar su trabajo a camarógrafos de TV Azteca y otros medios. Y a Luis Castillo, de Reforma, además lo tundieron y lesionaron al grado de requerir atención hospitalaria. Los Pinos lamentó el grave episodio pero dejó impunes a los agresores.
