La semana pasada en el Sur de California un agente encubierto de la Patrulla Fronteriza mató a tiros al indocumentado de origen mexicano Benito González Alegría.
Como ya es costumbre la agencia justificó la muerte del inmigrante señalando que se trataba de un “pollero” con antecedentes penales y que provocó al oficial de la “migra”.
Suman alrededor de diez casos similares en la región de San Diego en los últimos dos años, incluyendo la muerte de Guillermo Martínez en diciembre de 2005, quien fue asesinado por la espalda en la frontera de Tijuana con San Ysidro.
También en ese entonces la Patrulla Fronteriza afirmó que el victimado era “pollero” con historial delictivo y que le dispararon porque arrojó una piedra al agente migratorio.
Francamente resulta difícil creer estas versiones y más difícil todavía justificar una agresión mortal contra indocumentados que andan desarmados.
El activista y defensor de los inmigrantes, Enrique Morones, explica que los agentes de la “migra” carecen de una adecuada capacitación y que en ocasiones se exceden en sus funciones con el ánimo de hacer méritos ante sus jefes.
A ello agregaríamos el creciente sentimiento de xenofobia de estos cuerpos policiacos en contra de los inmigrantes sean mexicanos, latinos u orientales.
Además de los inmigrantes acribillados por autoridades, cada año fallecen más de 400 personas a lo largo de la frontera en su intento por cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.
El año pasado fueron 485 inmigrantes fallecidos de acuerdo a la Fundación Rural de California, un aumento considerable en relación a los años anteriores. Desde 1994 cuando se inició la Operación Guardián se tienen documentadas 4,235 muertes de migrantes.
Durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) fallecieron mil 483 inmigrantes mientras en la Administración Fox (2000-2006) la cantidad casi se duplica al llegar a dos mil 661 muertos.
Las proyecciones futuras no son halagadoras, se estima que el número de muertos seguirá en aumento al tiempo que crecen los dispositivos de vigilancia lo que obliga a los indocumentados a tomar rutas más riesgosas e inseguras.
Desgraciadamente el Gobierno mexicano se deslindó hace tiempo de la defensa de nuestros paisanos y cuando ocurren agresiones directas sale con el clásico estribillo de que exigirá una investigación a fondo al Gobierno norteamericano.
Hay la esperanza de que el relator de los derechos humanos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, el doctor Jorge Bustamante, quizá el mexicano que más conoce del tema, proyecte esta vieja discusión al plano internacional.
Mientras el presidente George W. Bush exige en Europa el respeto a los derechos humanos en Rusia y China, en la frontera norteamericana todos los días los inmigrantes sufren todo tipo de vejaciones incluyendo la peor de todas: la muerte misma.
Definitivamente no se justifica asesinar a mexicanos de esta manera tan absurda y sanguinaria como sucedió la semana pasada con Benito González y menos todavía en el caso de Guillermo Martínez, quien por la espalda recibió un tiro mortal.
Recordamos como en años pasados a México se le condenaba a nivel internacional por las torturas que diversos cuerpos policíacos aplicaban a presuntos delincuentes.
Hoy la situación no es distinta para las corporaciones norteamericanas con el agravante de que sus víctimas son personas pobres, indefensas y en la mayoría de los casos sin antecedentes penales.
Ya que el Gobierno de México dobló las manos en este espinoso asunto, esperamos que un mexicano del prestigio del doctor Bustamante logre desde las Naciones Unidas hacer conciencia internacional de los atropellos en contra de nuestros paisanos. Es hora de poner un alto a la arrogancia e impunidad de los agentes fronterizos norteamericanos.
Envía tu comentario a josahealy@hotmail.com
