Mientras que a nivel nacional los amparos alcanzaron el 20% de los afiliados, en La Laguna sólo fue del 6%
TORREÓN, COAH.- Mientras que en el ámbito nacional los amparos en contra de la Ley del ISSSTE alcanzaron al 20 por ciento de los afiliados, en la Comarca Lagunera no se llegó al seis por ciento de los derechohabientes del Instituto.
A nivel nacional, se promovieron 167 mil 327 amparos en contra de la Ley del ISSSTE. Así lo reportó el Juzgado de Distrito Auxiliar. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), esta cifra representa a cerca de 500 mil personas, ya que muchos se unieron y enviaron su documentación “en paquete” de hasta 50 afiliados.
Guillermo Orozco Rodríguez, del consejo nacional del SNTE, dijo que esto representa más del 20 por ciento del total de afiliados que existen al ISSSTE, pues la cifra oscila en los dos millones 430 mil personas.
“500 mil afiliados al ISSSTE que nos hayamos amparado es algo insólito en este país, nunca se había dado”, señaló, “por lo tanto, creemos que políticamente esta decisión de carácter jurídico que estamos nosotros planteando sea sujeta a revisión incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En lo que corresponde a la Comarca Lagunera, de los 17 mil afiliados con que cuenta el SNTE, se ampararon mil personas. El dirigente del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo del SNTE, consideró que esta cifra era muy positiva, pues “refleja un interés de las personas en este asunto”.
“Tenemos la expectativa de que la Ley del ISSSTE se revise y aunque no quede como estaba, que tampoco la dejen como la entregaron”, comentó, “estamos confiando en que tengamos respuesta al respecto para septiembre u octubre y que se puedan redactar nuevamente algunos transitorios”.
Orozco Rodríguez señaló que el promedio de solicitudes que se reciben por año en el Juzgado de Distrito Auxiliar, en condiciones ordinarias, es de dos mil, lo cual significa que en unos días se ha recibido el equivalente a casi dos decenas de años. Para el funcionario, esto podría representar una crisis de justicia, ya que el Poder Judicial desahoga un promedio de tres mil expedientes por semana y no tendrá suficiente tiempo antes del plazo de enero-junio de 2008, en que los trabajadores deberán señalar la opción que sea de su interés en el sistema pensionario, según lo previsto por la nueva Ley.
