El Siglo de Durango
Jesús Gutiérrez Vargas, procurador general de Justicia del Estado, indicó que se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación que se sigue contra cuatro médicos forenses que traficaban con cadáveres, por lo que sostuvo que las indagatorias apenas están iniciando y que no puede abundar al respecto para no alertar a los involucrados.
“Es una investigación que estamos haciendo, no quisiera pronunciarme porque pueden sustraerse (a la acción de la justicia) algunas personas; por supuesto, estamos investigando, la responsabilidad puede caer en cualquiera (funcionario) del nivel que sea”, expuso.
Sobre la probable complicidad de más elementos de la Dirección Estatal de Investigación (DEI), Gutiérrez Vargas dijo que no descarta que haya más involucrados por lo que sostuvo que actuarán hasta las últimas consecuencias.
“No lo descarto ni lo cierro, esto apenas inicia, estamos estirando el hilito a ver hasta dónde llega, pero vamos a actuar hasta los términos que la ley nos faculta. Si hay responsabilidad de carácter penal, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, recalcó.
Respecto de la complicidad de los médicos con agencias funerarias, indicó que se habían realizado algunas denuncias por parte de la ciudadanía ya que los agentes antes de avisar a las autoridades de la Procuraduría se comunicaban con personal de las empresas para que fueran y obligaban a los deudos a pagar sus servicios.
“Es producto de una investigación interna de la Procuraduría en donde a raíz de unas denuncias que se obtuvieron referentes a que había algunos médicos que antes de dar aviso al interior de la Procuraduría daban aviso a algunas funerarias para que fueran a presentarse al lugar de los hechos y obligar a los deudos a realizar los servicios que ellos prestan”, precisó.
Enfatizó que en la Procuraduría se están combatiendo las cuestiones de falta de ética desde los agentes del Ministerio Público, por lo que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) no es la excepción.
“En este momento estamos procesando (los casos) al interior para dar vista a la Contraloría del Gobierno del Estado, quien es la autoridad que puede determinar si existió alguna violación a la Ley de los Servidores Públicos”, concluyó.
