Senadores se comprometieron a desempolvar una iniciativa que propone mayor control sobre teléfonos celulares.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones obligaría a las empresas a realizar un registro, nombre y domicilio de toda persona que adquiera un teléfono.
La iniciativa fue presentada el 20 de junio pasado por el senador Mario López Valdez.
En su texto denuncia que no hay ningún control sobre las líneas celulares de prepago que se activan con tarjetas conocidas como “chips”.
Se estima que hay ya en el país más de 59 millones de líneas celulares.
De conformidad con un informe elaborado por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, tan solo en el área metropolitana se intentan en promedio 200 extorsiones.
Según el mismo estudio, de 2001 a 2007, se obtuvo una ganancia ilícita de alrededor de 14 millones de dólares.
La iniciativa del senador priista se encuentra en las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativo y hasta la fecha no ha sido dictaminada.
El senador Francisco Arroyo Vieyra planteó la necesidad de que se desempolve esta iniciativa, sobre todo ante el caso que sufrieron diputados panistas en el recinto de San Lázaro, que recibieron en sus celulares llamadas que pretendían extorsionarlos.
Ricardo Monreal, vicecoordinador del grupo parlamentario, comentó que lo sucedido a los legisladores panistas demuestra que no hay combate eficaz contra la delincuencia organizada.
Según el senador, de nada serviría reforzar la seguridad en los recintos parlamentarios porque los delincuentes siguen actuando con impunidad, en complicidad con autoridades.