Una iglesia que brinda protección a una mexicana indocumentada y a su recién nacido recibirá una factura de 40 mil dólares por la protección que recibió de la Policía local durante una protesta contra la inmigración ilegal durante el fin de semana, dijeron las autoridades.
El alcalde Paul Miller, quien acusó a los fieles de la Iglesia Unificada de Cristo de “proteger a una inmigrante ilegal” irresponsablemente, dijo al concejo municipal el lunes que estaba dispuesto a pasarles de inmediato una factura de 39 mil 306 dólares por el servicio policial.
La decisión de la iglesia de proteger a la madre provocó una protesta de un grupo contra los inmigrantes indocumentados, la cual requirió de la presencia policial, indicaron las autoridades.
“Este concejo municipal tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos de la comunidad contra cualquier posible tipo de violencia como resultado de estas acciones equivocadas”, destacó Miller.
Se trató de contactar a la iglesia, pero no devolvieron las llamadas de inmediato.
La protesta fue organizada por un grupo que se opone a la inmigración de indocumentados, que había expresado planes de detener a la mujer, identificada como Lilianna. En la manifestación participó más de un centenar de activistas a favor y en contra de la inmigración ilegal. Una fuerza policial de una decena de policías se presentaron en el lugar durante la manifestación de tres horas, con apoyo de dos equipos de respuesta táctica, dijo el jefe policial Mike Lewis.
La mujer vive en la iglesia como parte del Nuevo Movimiento de Refugio, que brinda alojamiento a los inmigrantes indocumentados en iglesias de Estados Unidos.
Las autoridades municipales dijeron que le habían recomendado a la pastora June Goudey de la Iglesia Unificada de Cristo a que no reciba a Lilianna, que previamente había estado refugiada en una iglesia de Long Beach.
“Esta ciudad no será conocida como una ciudad refugio” de indocumentados, destacó Miller.
Un plan contra ‘la migra’
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
Por las mañanas, Heriberto Omaña es un jornalero de la construcción que se gana la vida a razón de 12 dólares la hora. Por las tardes, se convierte en un temible agente de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) que se dedica a aterrar a familias de inmigrantes indocumentados en distintos puntos de la ciudad.
“Sólo lo hago con el afán de preparar a nuestra gente para lo peor y para que todos nuestros paisanos entiendan que, bajo la actual campaña de redadas y deportaciones, es necesario que todos tengamos un plan”, asegura Heriberto, un emigrante del Distrito Federal, que es capaz de sacar lo peor de él mismo cuando se caracteriza como agente del ICE.
“Yo no soy así, pero el guión me lo exige. Cuando en la obra llego a la casa y detengo a personas que son honestas y trabajadoras, la verdad siento que estoy cometiendo un acto inhumano, pero así están las cosas”, asegura Heriberto, un “milusos” y un “esquinero” que despliega sus dotes como actor callejero en una pequeña obra de teatro ambulante que tiene como fin aleccionar a los inmigrantes en sus derechos frente a la más agresiva campaña de detenciones y expulsiones desde los años de la Gran Depresión (1929).
“Todos tenemos que conocer nuestros derechos y tener un plan”, insiste Heriberto, un jornalero de anatomía desgarbada y mirada risueña que no pocas veces se ha visto en la necesidad de sortear él mismo los controles de la “migra”.
Tras el fracaso de una reforma migratoria, el ambiente de terror y persecución se ha instalado en el seno de la comunidad inmigrante.
“Desde mayo de 2006, los agentes del ICE han deportado a 30 mil inmigrantes indocumentados”, asegura Antonio Berbabé de la Coalición en defensa de los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, la comunidad inmigrante se ha convertido en blanco de todas las sospechas y en objetivo de una campaña de odio orquestada desde sectores ultraconservadores y de extrema derecha que se resisten a su legalización.
“Hace poco tuvimos dos muertos en Farmingdale, Nueva York. Dos jornaleros que fueron contratados por unos jóvenes que, en lugar de darles trabajo, les dieron una paliza mortal. Cuando nos ocurre este tipo de cosas, como las palizas, los asesinatos de odio racial o las redadas, es cuando más tenemos que luchar y estar unidos como comunidad inmigrante. “Por eso hemos decidido llevar adelante esta campaña. Para proteger a nuestra gente y a nuestras familias”, aseguró Bernabé.
‘Mínimas posibilidades de reforma migratoria en 2007’
La Casa Blanca admitió ayer que las posibilidades de la aprobación de una reforma migratoria en 2007 son “mínimas”, aunque indicó que el Departamento de Estado está analizando la situación de los inmigrantes altamente capacitados.
“(Al presidente) le gustaría que el Senado aprobara una iniciativa integral de reforma migratoria (pero) creemos que las posibilidades de eso son probablemente mínimas en este Congreso”, señaló la portavoz presidencial, Danna Perino.
La Casa Blanca reaccionó así a una movilización de alrededor de un millar de inmigrantes legales altamente calificados -ingenieros, neurólogos, radiólogos, etcétera- que pidieron ayer al Congreso aprobar una ruta más rápida para la residencia permanente.
En la actualidad el Congreso sólo autoriza el ingreso anual de 65 mil personas altamente calificadas, la mayoría de India y China, a las que expide visas especiales de seis años de duración, pero deben contar con una empresa patrocinadora estadunidense.
Aunque la reforma migratoria integral incluía un componente para los trabajadores altamente capacitados, la iniciativa quedó estancada en el Senado por la oposición de los republicanos.
Perino señaló que aún cuando son escasas las posibilidades de la reforma migratoria, la situación particular de los inmigrantes legales con altos niveles de educación está siendo analizada por el Departamento de Estado, aunque no dio detalles.
En relación a una reforma migratoria amplia, varias organizaciones y senadores buscan revivir la Dream Act para legalizar a estudiantes indocumentados y la AgJobs para trabajadores agrícolas.
Aunque ambos proyectos eran parte de la reforma migratoria, hasta el momento la Casa Blanca no ha señalado si apoyará la aprobación de ambos proyectos si son debatidos separadamente en el Congreso.
Rechazan verificación del Seguro Social
Grupos defensores de inmigrantes le pidieron ayer al Gobierno Federal que no le pida a los empleadores que apliquen una regla de verificación del número de la Seguridad Social, argumentando que errores en la base de datos del Gobierno pueden dar pie a levantar sospechas innecesarias sobre inmigrantes legales.
La nueva regla, adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional, tiene prevista su entrada en vigencia el primero de octubre.
“Esto creará un caos increíble”, dijo Gabriela C. Flora, del Comité de Amigos de Estados Unidos, uno de los grupos.
Flora dijo que alrededor de 17 millones de registros del Seguro Social a nivel nacional contienen errores que pueden resultar en problemas para inmigrantes que están en el país de forma legal. Uno de los problemas es que los inmigrantes quedarían en el limbo laboral al menos durante 90 días o más mientras se corrigen los errores.
Indicó que la regla podría llevar a los funcionarios del Seguro Social a realizar tareas ajenas a ellos.
“Convierte al departamento de Seguro Social en una agencia de control de inmigración, y eso no es lo que deben hacer”, dijo.
