El 7 de marzo, exactamente tres meses después de iniciadas las operaciones contra la delincuencia organizada que implicaban el trabajo conjunto del Ejército, la Marina y las dos Policías federales (que comenzaron en Michoacán el 8 de diciembre del año pasado) el presidente Calderón “instruyó aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal” (un cuerpo hechizo, inexistente desde el punto de vista legal), según dijo anteayer el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El resultado de ese examen debió haber sido deplorable, pues de él surgió la necesidad de renovar todos los mandos superiores de la Policía Federal Preventiva, dependiente de la SSP y de la Agencia Federal de Investigación, que forma parte de la Procuraduría General de la República, pero que en los hechos ha salido de su estructura, dejando al Ministerio Público federal sin el brazo policial que establece el Artículo 21 constitucional.
Para esa renovación de mandos, “se realizó un proceso de selección y formación... en que se tomó en cuenta grado, experiencia y desempeño”. Fueron llamados a capacitarse para dirigir porciones de las policías federales 306 miembros de una y otra. Seis no quisieron participar en el curso, para no someterse a “los exámenes extraordinarios de control de confianza”. Dieciséis más no aprobaron la primera batería de exámenes. Los 284 restantes, que pasaron las pruebas: sicológica, médica, de entorno social, patrimonial, de adicciones y se sometieron al polígrafo (el detector de mentiras) fueron designados para ocupar “los cargos de mayor responsabilidad en despliegue territorial”. De ese número, 32 fueron nombrados coordinadores regionales. “Los nuevos mandos tienen una trayectoria en sus respectivas corporaciones de entre 20 y 37 años de servicios”.
Estrictamente hablando eso no puede ser, porque las “respectivas corporaciones” son muy jóvenes. La Policía Federal Preventiva fue creada por ley que aprobó el Congreso en diciembre de 1998 y publicó el Ejecutivo en enero siguiente. La Agencia Federal de Investigación apareció en el panorama de la procuración de justicia en noviembre de 2001. Eso quiere decir que quienes ahora mandarán en esas corporaciones ingresaron a otros cuerpos policiacos, que después se integraron o se transformaron en la PFP y la AFI. Si tienen entre 20 y 37 años de servicios significa que se incorporaron a aquellas policías entre 1970 y 1987. Si bien lo dicho por García Luna implica que los controles de confianza de que salieron airosos tuvieron “especial énfasis en la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficiencia”, pone pavor en el ánimo el saber que triunfó el pasado en la organización policiaca. Y ese pasado no es añorable.
En las décadas en que cobraron experiencia los nuevos mandos existía, como antecedente de la AFI la Policía Judicial Federal. Y, conforme a la ley que la creó, se adscribieron a la PFP las Policías llamadas administrativas: la Federal de Caminos, la de Migración y la Fiscal Federal. Funcionaba entonces, en su época de mayor, no diré que esplendor porque mentiría, sino de mayor activismo, la Dirección Federal de Seguridad, que hace apenas dos décadas se transformó en el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, en apariencia no ya para realizar funciones de policía política propia del autoritarismo vigente durante el dominio de un partido dominante casi único. Tenía también en cierto sentido carácter federal (porque el Gobierno capitalino era ejercido por el presidente de la República a través de un departamento administrativo) la Policía Metropolitana de la Ciudad de México, que a su sector uniformado agregaba la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, un órgano irregular que sustituyó, o era el mismo sólo que con distinto nombre, al cuerpo de detectives que antaño se llamó el Servicio Secreto o Policía Reservada.
Ninguna de las corporaciones mencionadas disfrutaba de buena fama ni de asentimiento social. Ocurría lo contrario. Era temible caer en sus manos. Las pautas prevalecientes en su desempeño eran la improvisación profesional, el abuso, la prepotencia y la corrupción. La fortuna que llegó a reunir Arturo Durazo Moreno, no sólo a su paso por la Policía del Distrito Federal sino a su paso por la Policía Judicial Federal se hizo notable, pero de seguro no fue la mayor que amasaron jefes policiacos de su época, que es la misma durante la cual ingresaron a los cuerpos policiacos los 34 jefes que ahora mandan en la AFI y en la PFP. No se requería llegar a cargos de dirección para el enriquecimiento súbito. Agentes rasos de la Policía Federal de Caminos o de la DFS hacían gala de su opulencia.
No pocos responsables de aquellas corporaciones fueron sometidos a proceso, no sólo en tiempos de la alternancia sino con anterioridad, cuando con fines cosméticos algo se limpiaron los establos de Augias que eran dichas corporaciones. Ahora que el remanente de esas épocas adquiere relevancia generacional, ahora que su ascenso significa al mismo tiempo una victoria del personal formado en los antiguos modos (por más reeducado que haya sido) y una derrota de la nueva clase, es necesario que se transparenten sus biografías, que sepamos a qué corporaciones pertenecieron y cómo lograron sobrevivir a los cambios, así hayan sido más formales que materiales, operados en esos cuerpos desde su ingreso y hasta estos días de su prosperidad.
