Diez años de dictadura, corrupción y violación de derechos humanos no pueden pasarse por alto y en espera de que el Gobierno chileno ejecute una decisión correcta, en términos jurídico-sociales, una inmensa cantidad de organizaciones, defensores de los derechos humanos y víctimas de la atrocidad cometida por el ex presidente peruano, recuerdan muchos de los crímenes de lesa humanidad cometidas por Alberto Fujimori.
Barrios Altos, La Cantuta, Santa y Pedro Yauri, constituyen algunos de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Gobierno del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, prófugo de la justicia peruana por delitos de lesa humanidad. En éstos se demuestra que, como parte de una estrategia en la lucha contra la subversión, Fujimori estableció una política de violación sistemática de los derechos humanos que incluyó desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etc. Además, al prófugo también se le acusa de una serie de delitos de corrupción, atentados contra la institucionalidad democrática y por si fuera poco el tráfico de armas que se realizó durante su mandato y donde se suministró gran cantidad del armamento de los grupos de delincuencia organizada de Colombia que las cambiaban por cocaína, que se transportaba desde Perú con el consentimiento de su integrantes de su Gobierno.
Fujimori huyó al Japón en noviembre de 2000, donde amparándose en su doble nacionalidad fue protegido con total impunidad durante cinco años. El seis de noviembre de 2005 arribó a Santiago de Chile burlando los controles internacionales y la orden de detención de la Interpol, pero el mismo día fue capturado y detenido por las autoridades chilenas. La campaña Fujimori Extraditable, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CNDH, busca generar una corriente de opinión a favor de la extradición de Chile del ex presidente, quien debe dar cuenta ante la justicia peruana de una serie de acusaciones por violaciones a los derechos humanos y corrupción cometidas bajo su régimen y en las cuales, por investigaciones judiciales, se demuestra su participación.
Los crímenes de Fujimori en el Perú, así como los cometidos por Pinochet en Chile, no deben quedar impunes, ésta es una deuda de ambos Estados para con las miles de víctimas de estos dos nefastos personajes y para con el esfuerzo constante de ambos pueblos por fortalecer sus democracias y vivir en paz. La CNDH, con un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, agrupaciones de familiares y víctimas, organizaciones diversas de la sociedad civil y ciudadanos del Perú, Chile y distintas partes del mundo, ha venido impulsando una campaña internacional que busca la extradición de Alberto Fujimori, hoy capturado en Chile.
A través de miles de comunicados no sólo la organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos sino también muchos intelectuales, políticos, deportistas y miembros de los medios de comunicación han levantado sus voces para que Fujimori sea entregado y responda ante la justicia de su país, por cada uno de los crímenes de los que se le acusa.
Es por esta razón que los latinoamericanos no debemos estar al margen de esta situación porque además es un ejemplo de que de una u otra manera personas como ésta, que han deteriorado la democracia en América, deben enfrentarse al peso de la justicia.
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