El sábado pasado comenzaron las precampañas en Baja California, que están reguladas por la Ley electoral local. Ante el consejo respectivo fueron registradas las precandidaturas de donde surgirá el próximo gobernador de esa entidad, pionera en elegir a un candidato no surgido del Partido revolucionario institucional. Junto con la renovación del Ejecutivo, en aquella entidad fronteriza será elegidos, el cinco de agosto, cinco ayuntamientos y 25 diputados de mayoría. Las precampañas se extenderán durante tres meses, y a partir de mayo comenzará la contienda constitucional.
Tres veces ha ganado la gubernatura el Pan, pero podría no ocurrir lo mismo en la elección de este año. Por un lado, el PRI (aliado con el Verde y un partido local, llamado precisamente Estatal de Baja California) podría recuperar el gobierno perdido en 1989. Fue registrado como precandidato único Jorge Han Rohn, alcalde de Tijuana, elegido por aclamación en las instancias locales de su partido. Se comprende que el PRI esté entusiasmado con él, pese a la imagen que fuera de ese partido proyecta el hijo del profesor Carlos Hank González, señalado por el semanario Zeta por el asesinato de dos de sus funcionarios principales y ligado a la industria del juego.
Hank Rohn recuperó para el PRI la alcaldía de Tijuana, después de doce años de dominio panista. Lo hizo a partir de su propio dinero, pues en las entidades donde su partido no gobierna suele ser una organización agónica, con frecuencia endeudada aunque disponga del financiamiento electoral local. Aparte la herencia que haya recibido de su padre, Hank Rohn ha hecho una fortuna con las casas de juego denominadas Caliente. Ha llegado a admitir que su riqueza suma quinientos millones de dólares, que probablemente es una cifra conservadora. La esperanza de que reproduzca en la contienda estatal su triunfo tijuanense, y que lo haga por medio de una campaña bien provista de recursos, como la de 2004, condujo a los mandos priístas en la entidad a avenirse a la postulación de Hank Rohn como candidato único, condición en que también serán sostenidos en las batallas municipal y legislativa los miembros de la corriente del propio alcalde de Tijuana, que se erigió ya en cabeza indiscutible del priismo local.
Frente a esa unidad, forzada por las circunstancias pero eficaz, el Pan se encamina a una disputa por la candidatura que no sólo se anuncia sino que ya es tensa, y que eventualmente podría concluir en una división interna semejante a la que hizo de Ana Rosa Payán la candidata del Frente amplio progresista al gobierno de Yucatán. Por lo pronto, Acción nacional (aliado al Panal, el partido de Elba Ester Gordillo) registró dos precandidatos a la gubernatura, ambos ex alcaldes de Tijuana: José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid. Y si bien se mostraron amigables en la víspera de su inscripción, partidarios del segundo no han tenido empacho en calificar al primero como candidato oficial. Osuna Millán, según ellos, goza del apoyo del gobernador Eugenio Elorduy, que lo orquesta a través del secretario de desarrollo social, Carlos Reynoso Nuño.
Los veguistas que atreven esa denuncia son relevantes en el panismo bajacaliforniano. Uno es Jaime Rafael Díaz Ochoa, senador de la república, que si bien ocupó el segundo lugar en la fórmula vencedora el dos de julio, lo aceptó porque el primer lugar correspondió a Alejandro González Alcocer, gobernador interino a la muerte de Héctor Terán Terán. Se hallan en esa posición, también, la diputada federal María Dolores de Méndez, y el diputado local Ricardo Magaña, que encabeza el Congreso del estado. De manera muy puntual, con nombres y circunstancias, este legislador ha señalado los modos en que se presiona a los panistas a inclinarse por Osuna Millán y se hostiliza a quienes se presume o han hecho pública su decisión de apoyar a Vega de Lamadrid.
Aun si no se llagara a la ruptura como en Yucatán, el proceso interno podría dejar debilitado al Pan, que si bien ha ganado con amplitud la gubernatura en las tres ocasiones anteriores podría estar ahora en un trance difícil. En 1989, cuando Ernesto Ruffo rompió el monopolio priista en las gubernaturas, se impuso inequívocamente a la senadora Margarita Ortega Villa con doce puntos, más de sesenta mil votos de diferencia: 266,175 (48.7) por ciento) contra 200,363 (36.7 por ciento). Fue menor la diferencia en 1995, cuando Héctor Terán Terán venció a Francisco Pérez Tejada, pero aun fue holgada, menos de ocho puntos y alrededor de 55 mil votos: 325,328 (50.9 por ciento) contra 270,501 (42.3 por ciento). Y hace seis años, sin que nadie dudara de su triunfo, Eugenio Elorduy lo obtuvo ante Daniel Quintero Peña por menor número de votos aunque más amplia distancia porcentual: 204, 120 (52.3 por ciento), contra 162, 941 (41.8 por ciento).
Aunque en la elección federal de 1988 el Frente democrático nacional obtuvo casi un tercio de la votación en la elección de senadores, un par de puntos por arriba de Acción nacional, el bipartidismo que se estableció en las elecciones locales a partir del año siguiente ha dejado a la izquierda en posición meramente testimonial. Por añadidura, en la presente coyuntura ni siquiera pudo mantenerse la alianza que en nivel nacional establecieron el año pasado y conservan el PRD, Coinvergencia y el Partido del Trabajo. Aquel se apartó de la coalición que, compuesta sólo por los dos últimos partidos, registró a María Merces Maciel.
