A 15 días de la explosión de un tráiler cargado de nitrato de amonio, no hay ningún detenido aún. El accidente causó la muertes a 28 personas y más de 250 heridos,
No obstante, al momento hay ya 277 peritajes y más de 25 mil 200 fojas elaboradas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a partir de 252 denuncias por homicidio, daños y lesiones, presentadas por deudos y heridos en el accidente y la explosión de Celemania, Municipio de Nadadores, ocurrida el pasado nueve de septiembre.
Deudos de los 28 fallecidos y más de 250 heridos exigen justicia. El obispo de la diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López, oró al pie de la carretera por el eterno descanso de las víctimas y exigió sanciones severas para los responsables. También se sumó al reclamo el obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz.
Aunque la PGJE les ha enviado varias órdenes de presentación para que expliquen su versión de los hechos, no han atendido el llamado de la autoridad judicial el chofer del tractocamión cargado con 25 toneladas nitrato de amonio --un químico altamente explosivo que se emplea principalmente en la industria minera--, Alberto Borrego González y su copiloto, José Rosales Contreras, de la empresa transportista "Fletes y Traspaleos S.A. de C.V.".
El subprocurador Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, Domingo González Favela, estimó que quizá en esta semana se concluya la averiguación previa penal para consignarla ante los jueces, quienes se encargarán de juzgar y fincar responsabilidades por homicidio culposo, daños, lesiones y demás que resulten.
Precisó que se integra un expediente por cada caso y se espera recibir más querellas en estos días a través de los módulos instalados en Celemania y la cabecera municipal de Nadadores, así como en la delegación de la procuraduría.
De las 252 denuncias 23 son por homicidio (culposo); 91 por daños; 90 por lesiones; 48 más por daños y lesiones. Cada uno de los expedientes consta de unas 100 fojas (escritos en hojas tamaño oficio), que suman más de 25 mil 200, elaborados por el equipo de 18 agentes del Ministerio Público y 28 peritos.
De los 277 peritajes realizados 57 son por daños a casas habitación; 115 a vehículos; una criminalística de campo; otra de tránsito terrestre; 4 peritajes químicos; 28 necropsias y 71 dictámenes de lesiones.
Con base a las averiguaciones, todo parece indicar que nadie pagará con prisión la muerte de 28 personas y las lesiones de leves a graves y gravísimas que sufrieron al menos otras 250 algunas perjudicadas de por vida al quedar sin un brazo, una pierna, fracturadas o sordas.
La empresa Orica Mining Services, de la que es filial Explosivos Mexicanos, dueña de la carga de nitrato de amonia que causó la tragedia, se hizo socialmente responsable y ofreció pagar compensaciones superiores a las que marca la ley.
Aunque aún no han concluido las indagatorias de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades, por cuestión de ética y responsabilidad, la compañía que opera en 55 países del mundo dará la compensación económica. Se basará en las denuncias judiciales de los perjudicados y pidió contacto directo con ellos.
Para el efecto puso a disposición de los interesados 5 líneas a donde pueden hablar para proporcionar sus datos, tres son de servicio nacional por lada sin costo: 01800 823 75 42; 01800 823 75 44; 01800 823 75 46 y de teléfonos locales en Monclova 866 636 21 82 y el 866 631 3008.
El Código Penal de Coahuila establece que en promedio la indemnización por persona fallecida es de casi medio millón de pesos.
Aunque no se han dado cifras, extraoficialmente, se estima que serán en promedio 750 mil pesos a un millón de pesos por fallecido y una cantidad menor por herido, aunque se ignora quién pagará indemnizaciones a quienes quedaron minusválidos y no podrán volver a trabajar.
Entrevistado al respecto, Luis Horacio de Hoyos Martínez, delegado de la PGJE en la zona centro de Coahuila, dijo que para individualizar la reparación del daño un grupo de médicos se encargaron de hacer las valoraciones que permitirán fijar el porcentaje de incapacidad.
Si una persona perdió un brazo, una mano, una pierna, o la posibilidad de escuchar, se valora, se certifica y se determina conforme a la incapacidad que hay para poder hacer una conclusión en función de reparación del daño.
NADIE PAGARÁ CON CÁRCEL En principio se manejó la versión que una camioneta había subido imprudentemente a la carretera 30 (Monclova-San Pedro) y había impactado al tráiler que llevaba la carga de Orica Mining Services.
Pero ahora se sabe que de acuerdo a las indagaciones realizadas por las autoridades judiciales, el accidente del domingo 9 de septiembre se debió a la presunta irresponsabilidad de Josué Joel Castañeda Iracheta, chofer de la camioneta, Ford Lobo con placas de Nuevo León, donde iban 4 personas en total.
Castañeda Iracheta manejaba a exceso de velocidad e intentó rebasar al tractocamión cargado con los explosivos, procedía de Cuatrociénegas con rumbo a Monclova, pero como venía otro vehículo en sentido contrario al tratar de esquivarlo se impactó contra el tráiler.
Según testigos, los cuatro que viajaban en la Lobo iban a comprar cerveza en un expendio que está cerca y que el chofer de la camioneta iba tomado; empero, la autopsia reveló que éste no había ingerido bebidas embriagantes.
