Guillermo Anaya Llamas sería uno de los senadores que no podría contender por la gubernatura de Coahuila en 2011, de prosperar la iniciativa que presentó ayer ante el Congreso local la bancada panista. (Archivo)
Intentan evitar que senadores, diputados, alcaldes, regidores y síndicos abandonen su cargo en busca de la gubernatura.
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado presentó una iniciativa “antichauplines” que pretende modificar la Constitución Política local para impedir a los senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, abandonar el cargo para contender por la gubernatura del estado.
La medida se aplicaría aún cuando los aspirantes solicitaran licencia con oportunidad. Si prospera la iniciativa, que se presentó ayer en el Pleno del Congreso local, quedarían fuera de la contienda de 2011, cuando se elegirá nuevo gobernador de Coahuila, los senadores coahuilenses José Guillermo Anaya Llamas y Ernesto Saro Boardman, quienes fueron electos para ejercer durante seis años, entre el primero de septiembre de 2006 y el 31 de agosto de 2012.
En cambio quedarían con vida todos los alcaldes, entre ellos el de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, pues culminan su actual encargo público el 31 de diciembre de 2009. De acuerdo con el Artículo 76 bis del documento que firmaron los diputados panistas Jesús Manuel Pérez Valenzuela, Luis Alberto Mendoza Balderas y Alfredo Garza Castillo, este último del Partido Unidad Democrática de Coahuila, los suplentes de los citados servidores públicos sí podrán ser electos como gobernadores “siempre y cuando no hayan ejercido el cargo”.
En la exposición de motivos que presentaron ante el Pleno del Poder Legislativo, los diputados señalan que “una de las demandas más añejas y sentidas de la sociedad ha sido y sigue siendo, el malestar que causa el ver a un servidor público de elección popular pasar de un cargo a otro, sin antes haber concluido con el anterior”.
Este planteamiento es una copia de la legislación electoral de Baja California, que derivó en que la Corte Electoral de quel estado inhabilitara al ex alcalde priista de Tijuana, Jorge Hank Rhon, para contender por la gubernatura. Esta decisión se encuentra en litigio en los tribunales federales.
HABRÍA 31 DIPUTADOS DE CUATRO AÑOS
Ayer el Pleno legislativo conoció de otra propuesta de reforma constitucional que reduciría de 35 a 31 el número de diputados locales, quienes, a partir de 2013 y si no se permite antes en México la reelección de legisladores y alcaldes, serían electos para periodos de cuatro años, en lugar de tres, como actualmente sucede.
La propuesta estuvo a cargo de la Comisión Legislativa Especial para la Reforma Electoral también busca elevar del dos al 3.5 por ciento la votación mínima para que los partidos políticos mantengan su registro como tal, conserven las prerrogativas estatales y participen en la asignación de legisladores de representación proporcional.
Con la reducción en el número de legisladores, la composición del Congreso local sería por 20 diputados de mayoría relativa y 11 de representación proporcional.
Si la iniciativa prospera, ningún grupo parlamentario representado en el Congreso Estatal podrá tener más de 20 diputados, de tal forma que si hubiera alguno que alcanzara la victoria en los 20 distritos electorales de Coahuila, no tendría derecho a la representación proporcional.
De acuerdo con el Artículo 33 y con el segundo transitorio de la iniciativa de reformas constitucionales, “el Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada cuatro años”, aunque este periodo se aplicaría a partir de la elección correspondiente al año 2013, es decir, los legisladores que iniciarían funciones el primero de enero de 2014.
Según el diputado priista Francisco Saracho Navarro, coordinador de la comisión legislativa que diseñó el planteamiento de reformas constitucionales, con lo anterior se pretende empatar las elecciones de diputados locales y de alcaldes en procesos de renovación de cuatro años.
Sin embargo, para conseguirlo la iniciativa plantea una serie de “malabares legales”, advirtió el diputado panista Luis Gurza Jaidar, como el hecho de que los diputados a elegirse en 2008 (que sucederán a los actuales), aplicarían, como hasta ahora ocurre, para un periodo de tres años, de tal forma que su gestión iniciaría el primero de enero de 2009 y terminaría el 31 de diciembre de 2011.
En cambio, “los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 2011” sólo tendrán dos años de gestión, que irían del primero de enero de 2012 para culminar el 31 de diciembre de 2013.
La iniciativa se sometió ayer a la primera lectura ante el pleno, con lo cual inició el trámite legislativo que comprende una segunda lectura que se realizará la próxima semana y posteriormente el documento se concentrará en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde se sujetará a revisión y modificaciones, antes de llevarla de nuevo al pleno, para su votación o rechazo.
