La diócesis local interpuso ayer una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, por el allanamiento de las oficinas del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, el pasado 20 de diciembre.
La querella la presentó poco antes del mediodía Mariana Villarreal Contreras, colaboradora del área jurídica y de educación del Centro Diocesano, quien estuvo acompañada del obispo de esta ciudad, Raúl Vera López, y fue recibida por el agente del Ministerio Público, Alejandro Ponce.
El prelado de la Iglesia Católica dijo que la demanda la interpuso y ratificó Villarreal Contreras porque el pasado 20 de diciembre en la noche dos encapuchados con guantes en las manos (para no dejar huellas) allanaron las oficinas del Centro Diocesano.
A ella la aventaron contra un muro y la tumbaron al piso, luego la encerraron en el baño mientras buscaban expedientes sobre casos de derechos humanos.
El obispo afirmó que los dos individuos buscaban los expedientes sobre derechos humanos, “el allanamiento tuvo que ver con la actividad que realiza el Centro Diocesano para los Derechos Humanos”.