?Ya se dio vista a la Dirección General de Responsabilidades de funcionarios Públicos?: Hoyos Bañuelos
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Tortura y detención arbitraria, son los motivos de la queja interpuesta y ampliada contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por Nelson Aníbal Hernández Carmona, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).
David Omar Sifuentes Bocardo, titular de la Segunda Visitaduría de la CDHEC, informó que la mañana del viernes dos de marzo, se presentó Nelson Aníbal para señalar a Adolfo Rodríguez Mijares, como el agente del Ministerio Público que estuvo al frente de la investigación donde fue torturado y privado de su libertad.
Por su parte, Alfredo Hoyos Bañuelos, delegado de la PGJE, indicó que ?ya se dio vista a la Dirección General de Responsabilidades de Funcionarios Públicos (DGRFP), instancia que investigará el caso de Nelson ?del trato que tuvo o como le quieran mencionar??, reiteró el funcionario sin precisar el término de tortura.
Sobre la función actual de Rodríguez Mijares, el delegado indicó que tiene un año en la agencia de delitos patrimoniales, no así de homicidios y aceptó que en ocasiones atiende asuntos de la DGRFP.
Para conocer su opinión sobre el caso donde es señalado como probable responsable, se buscó hablar con Adolfo Rodríguez, quien estaba en su oficina con la puerta cerrada y luego hizo pasar a una persona que ?iba a tomar su declaración?, por lo que no se pudo dialogar argumentando que estaba ocupado.
Nelson Aníbal fue ?levantado? por agentes ministeriales el pasado miércoles 21 de febrero, al ser señalado por una llamada anónima, como el probable responsable de dar muerte a Adela Jazmín Solís Castañeda, jovencita de 17 años que está desaparecida desde junio de 2005.
El segundo visitador indicó que desde la mañana del viernes 23 de febrero, se presentó en la CDHEC, Hortensia Carmona, madre de Nelson, quien decía que su hijo estaba desaparecido y al parecer policías ministeriales lo habían detenido sin mandato judicial.
Después del mediodía del mismo viernes doña Hortensia se entera que su hijo participaba en un cateo de una finca ubicada en la calle Primera de la Antena de la colonia Nazario Ortiz, lugar donde vivieron hace tres años.
En la madrugada del sábado 24, se dictó la orden de arraigo domiciliario contra Nelson, a petición del Ministerio Público, por la probable responsabilidad del implicado en el homicidio de una joven. En el lugar de cateo se hicieron cinco excavaciones y se aseguraron 51 restos óseos.
Sifuentes Bocardo indica que en los primeros minutos del arraigo se presentó con Nelson, quien declaró sobre la tortura sufrida pero que por la presencia de agentes ministeriales no pudo entrar en detalles, mismos que fueron revelados en su comparecencia de este viernes dos de marzo.
El delegado reconoció que la liberación de Nelson se debió al resultado pericial de los restos óseos que se determinó no eran humanos; y sólo tenían la confesión, que presumiblemente se logró mediante métodos de tortura.
?El Ministerio Público es una institución de buena fe que atiende los señalamientos y debe verificar para tratar de obtener indicios que permitan mayores pruebas?.
De tal forma, las acusaciones de lesiones contra Nelson, su detención sin orden judicial, el resultado pericial de los restos óseos, son también indicios para investigar la tortura, delito que sólo se adjudica a funcionarios públicos, reconoció Hoyos Bañuelos.
