Las causas de que el SNSP no funcione son: la confrontación política entre distintos actores involucrados y las redes de protección institucional en torno de los grupos de la delincuencia organizada.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- A 10 años de su creación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y su instancia de Gobierno, el Consejo Nacional, presentan un balance desfavorable en el que destaca la falta de articulación Federación-estados en las tareas de seguridad y la ausencia de políticas públicas.
El saldo negativo incluye un subejercicio de casi tres mil millones de pesos asignados a las entidades federativas para acciones y programas de seguridad, que se han acumulado sin gastarse desde 1998, debido a la falta de acuerdos entre el Gobierno Federal y los estatales.
A la lista hay que sumar también el fracaso en la integración de una base nacional de datos estadísticos sobre incidencia delictiva, altas y bajas de agentes de seguridad pública y privada, huellas dactilares y registro de armas y de vehículos.
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Eduardo Medina-Mora, atribuía la falta de coordinación a limitaciones legales del SNSP, y propuso revisar su estructura, estrategia y normatividad, así como las facultades del Consejo Nacional.
Para especialistas en el tema, como Ernesto López Portillo y Arturo Arango, las causas de que el SNSP no funcione son, por una parte, la confrontación política entre los distintos actores involucrados y, por otra, las redes de protección institucional en torno de los grupos de la delincuencia organizada.
El resultado, cuestionan, es que a diez años de la creación del SNSP se siguen formulando propuestas para resolver los problemas de inseguridad, sin contar con una política de Estado.
Las deficiencias
El SNSP llega al final de este año sin una base de datos confiable en materia de seguridad pública, sin la cual no es posible definir políticas de Estado para atender el tema, asegura Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi).
?No hay interés de ninguna de las partes: los gobiernos estatales alimentan la base de datos del Sistema ?cuando lo hacen? hasta con tres meses de atraso, pero después no tienen manera de saber qué pasa con ella porque el sistema no les informa, no les devuelve los datos procesados?.
El resultado, dice el especialista, es que no hay información confiable que permita identificar problemas, saber dónde están y definir una política de estado en el interior del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
El avance en la integración de registros de seguridad pública es desigual, de acuerdo con el informe de rendición de cuentas 2000-2006 del Secretariado Ejecutivo del SNSP (SE-SNSP), que precisa el avance de distintos rubros de registro estadístico. Por ejemplo, el Registro Nacional de Armamento y Equipo contiene sólo 389 mil 719 armas correspondientes a las licencias colectivas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 23 mil 96 armas particulares colectivas (de corporaciones), 11 mil 34 paraestatales y los datos de 80 mil 298 armas aseguradas.
?Falta integrar a este registro vehículos y otro tipo de armamento al servicio de las instituciones de seguridad pública del país?, señala el informe, el cual reconoce que hasta hace poco esta información no podía ser consultada y se acaba de liberar una aplicación informática con este fin.
El Registro de Personal de Seguridad Pública detalla que de un estado de fuerza de 440 mil 140 (de corporaciones públicas) 98.1 por ciento están registrados con expediente completo, pero en el caso de las empresas privadas, de un total de 140 mil elementos, se reportan 50 mil 244 con expediente completo.
El Registro Público Vehicular, otra base de datos clave, tenía 15.1 millones de inscripciones hasta junio del 2006, suministrada por dependencias federales, mientras 29 de las 32 entidades federativas habían aportado 21.1 millones de registros y una vez validados quedaron en 13.3 millones.
El padrón vehicular en 2004, de acuerdo con el INEGI, era de 21 millones 239 mil unidades, y deben sumarse los vendidos en 2005-2006.
El registro de vehículos robados, a junio de este año, contaba con 817 mil 382 reportes de robo y 455 mil de recuperación, aunque sólo ocho procuradurías de Justicia estatales reportan la información en línea al SNSP.
En el Registro de Identificación de Internos en centros penitenciarios, el informe reporta 823 mil 547 registros, de los cuales 212 mil 744 son actuales, pero de ellos sólo 74 mil 235 (menos de 40 por ciento) tienen expedientes completos.
Los desacuerdos
Un ejemplo de la falta de consensos en el interior del CNSP es el subejercicio de los recursos asignados a la seguridad que se viene acumulando desde 1998 y que se incrementó en el sexenio pasado, pues pasó de 0.2 y 0.3 por ciento en 1998 y 1999, a casi siete por ciento en 2005.
Entre 1998 y 2005, de acuerdo con cifras de la SSP y del SE-SNSP, el financiamiento conjunto Federación-estados para seguridad pública fue de 43 mil 355.9 millones de pesos, de los cuales al 30 de junio se reportaban como ejercidos 40 mil 420 millones.
Los restantes dos mil 935.9 millones, que representan 6.8 por ciento del total, siguen depositados en los fideicomisos estatales de los Fondos de Seguridad Pública (Foseg) sin aplicarse, por desacuerdos entre los lineamientos de gasto que establece el SNSP y las necesidades de los gobiernos locales.
Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), considera que el sistema no ha funcionado por la confrontación política entre los distintos actores y niveles de Gobierno representados en él, que explotan el tema en beneficio propio, desacreditándose mutuamente.
?La Policía y el SNSP son víctimas de la confrontación política. No hemos podido crear políticas de Estado porque los políticos no han estado dispuestos a ceder y entender que la seguridad pública es un tema de Estado, que está por encima de los gobiernos?, sostiene.
El especialista admite que detrás de la falta de colaboración de algunas instancias y autoridades representadas en el Consejo Nacional puede haber colusión con el crimen organizado. ?Estos grupos funcionan en todo el mundo con círculos de protección institucional, y nuestras instituciones policiales son tremendamente débiles ante la penetración de la delincuencia organizada?.
