La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, informó que hasta el momento siete legisladores han acudido ante la PGR a presentar su denuncia por el "secuestro virtual" de sus familiares.
En entrevista la legisladora dijo que de manera extraoficial se sabe que 18 diputados recibieron una llamada telefónica a su celular en la que les comunicaban que sus familiares estaban supuestamente plagiados y les pedían dinero para liberarlos.
Sin embargo, aclaró que ella tiene el dato oficial de que sólo son siete los que han acudido ante el Ministerio Público Federal a presentar su denuncia correspondiente.
Sobre la posibilidad de que los diputados cambien de número telefónico para evitar ser víctimas de otro intento de extorsión, señaló que eso dependerá del grupo legislativo del PAN, que tiene una línea contratada para todos los miembros de la bancada.
En el caso del resto de las fracciones "no sé si tengan algún problema, pero en todo caso ellos tomarán decisiones sobre el particular".
Por otra parte, la diputada perredista aseguró que la Cámara de Diputados será respetuosa de lo que concluya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín y la periodista Lydia Cacho.
La Corte, añadió, "es un órgano que tiene autonomía y sus integrantes tomarán la decisión, la cual respetaremos, aún cuando no la compartamos por cuestiones ideológicas o por cuestiones, digamos, de antecedentes de información".
Comentó que hay que esperar a ver cuáles son las conclusiones, pero en principio "yo apoyé la iniciativa que mandó primero el ministro Silva Mesa y es una sorpresa para nosotros el cambio que se ha dado en la Corte pero también es un órgano que tiene autonomía".
Sobre si la SCJN pierde credibilidad con la decisión, Zavaleta Salgado consideró que no, ya que es un ejercicio democrático el que llevan a cabo los ministros.
Lo anterior en relación a que la SCJN decidió suprimir un capítulo del informe de la comisión investigadora del caso Lydia Cacho, que denunciaba que se violan garantías de menores de edad por la existencia de redes de pederastía y pornografía infantil.
