Por primera vez una mujer presidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. María del Carmen Alanís Figueroa, única magistrada en la Sala Superior de ese órgano judicial fue anteanoche elegida tras la renuncia a ese cargo de Flavio Galván Rivera. En la anterior composición del Tribunal hubo también sólo una magistrada, Berta Alfonsina Navarro.
Galván Rivera padece una enfermedad que le impidió asistir con regularidad a sesiones recientes. Por prescripción médica resolvió apartarse de la conducción del Tribunal, exactamente a los nueve meses de su elección, aunque se mantendrá como magistrado. Por ello la Sala tuvo que elegir a quien lo sucediera y por unanimidad fue escogida Alanís Figueroa. Es la segunda vez que ante la renuncia de un presidente se hace preciso encontrar un sucesor. El 28 de septiembre de 2005 dimitió Eloy Fuentes Cerda y fue sustituido, en una elección unánime como la de ahora, por Leonel Castillo González, a quien por ello correspondió encabezar, en el septiembre siguiente, la calificación de la elección presidencial. El renunciante adujo vagas “razones estrictamente personales”, vinculadas con la salud de su madre, muerta poco después aunque obedeció también a tensiones internas generadas por la designación de magistrados de salas regionales y la decisión de Fuentes Cerda de demorar su toma de posesión hasta que contaran con materia de trabajo, decisión que fue objetada por los afectados ante la Suprema Corte.
Sin relación alguna con la dimisión de Fuentes Cerda, dos días después también renunció a su cargo la ahora presidenta del Tribunal. Había sido durante año y medio (a partir de febrero de 2004) secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral. Si bien hubiera preferido ser elegida consejera de ese instituto, en el relevo practicado en octubre de 2003, en el principal cargo administrativo del IFE Alanís Figueroa alcanzaba un punto culminante en su carrera en materia electoral. En el Tribunal que ahora encabeza (y en las instituciones que lo precedieron), se había desempeñado en el Centro de Capacitación Judicial Electoral y a partir de enero de 1999, hasta su ascenso a la secretaría ejecutiva, fue en el IFE directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Alanís Figueroa se retiró de su cargo al cabo de una crisis que se incubó a lo largo de varios meses, a la que aludió en su carta de renuncia, donde formuló reproches al consejero presidente Luis Carlos Ugalde. Se quejó entonces de que “la injerencia constante en los asuntos técnico-administrativos que son competencia legal exclusiva de la Secretaría ejecutiva... se ha convertido en un obstáculo para el sano desempeño de la institución”. Recriminó a Ugalde, de quien se había distanciado por motivos personales, no haber ejercido “la determinación y el apoyo requeridos... para sortear la falta de definición oportuna en decisiones que corresponde adoptar a las comisiones del consejo general”.
En vísperas de que se iniciara el proceso electoral que tan proceloso resultaría, advirtió que “los problemas de comunicación, la falta de confianza y las dudas sobre la operación efectiva de las áreas sustantivas, sólo pueden entorpecer el buen desempeño del Instituto y ensombrecer la certeza de las elecciones”.
El talante que exhibe esa renuncia de hace casi dos años puede tener consecuencias en la relación del instituto y el Tribunal ahora que la dimitente, tras haber sido elegida en noviembre pasado magistrada de la Sala Superior del Trife, lo presida desde anteayer. Su designación ocurre en un periodo de tensión entre ambos órganos, derivado de un malestar notorio entre los consejeros del IFE respecto de las resoluciones del órgano judicial. Se quejan de veleidad en los criterios del Tribunal y de que decisiones no son fáciles de entender. Tajante, a esa objeción respondió el magistrado Salvador Nava Gomar: “Las tienen que entender porque las tienen que obedecer”.
La desazón de los consejeros deriva de la severidad rigurosa con que sus resoluciones son examinadas por los magistrados. De noviembre de 2006, mes en que tomaron posesión, a junio pasado, de 57 recursos presentados contra decisiones del IFE, éstas han concluido en 32 revocaciones, mientras que menos de la mitad, catorce, han sido confirmadas. La causa principal de la revocación ha sido la falta de exhaustividad, es decir el que no se agotan las indagaciones que conducen a una decisión. Algunos consejeros consideran que devolver los casos para nueva consideración, por esa causa, en realidad implica negligencia o pereza de los magistrados, que rehúsan resolver y fuerzan al órgano administrador de las elecciones a decidir conforme a las directrices del Tribunal. Se quejan también del ánimo de reprimenda que aprecian en algunas resoluciones del Tribunal. Los magistrados, a su turno, insisten en que su deber consiste en ejercer su papel de corrección de las insuficiencias y yerros del instituto.
Ese clima de tensión puede acrecentarse ahora que Alanís Figueroa presidirá el Tribunal. No es que la supongamos sujeta a resabios contra Ugalde, que propuso su designación como secretaria ejecutiva y después no la apoyó, sino que esa circunstancia puede por sí misma impedir la comunicación fluida que debe haber entre los presidentes del IFE y el Trife. Ugalde mantuvo su última reunión con el ahora ex presidente Galván Rivera el 3 de julio. Quizá no le sea fácil mantener encuentros así en la nueva época.
