Estudiantes, pensionados y discapacitados exigen en el Congreso respeto a la Ley del Transporte
El Siglo de Durango
La Federación de Estudiantes Técnicos de Durango (FETED) discapacitados, jubilados y pensionados exigirán hoy al Congreso local que se cumpla la Ley de Transportes del Estado y que los concesionarios y permisionarios apliquen los descuentos que se establecen en la normatividad, pues afirman que “no se puede concebir que se hagan leyes para que no se cumplan”.
Por su parte, el regidor Miguel Lazalde Ramos consideró que el Gobierno del Estado tiene que fijar tarifas del trasporte preferenciales para grupos vulnerables; no se trata de que las organizaciones sindicales no quieran aplicar descuentos especiales, ya que ellos únicamente son concesionarios, afirmó.
A su vez, Rodrigo Victorino Esparza, presidente de la FETED, manifestó que derivado de una reunión que se tuvo con las agrupaciones de discapacitados y jubilados y pensionados, hoy se presentarán ante el Congreso del Estado para exigir que los descuentos a las tarifas del transporte urbano, que vienen en el artículo 46, fracción XIV, se apliquen tal y como se ordena.
Referente a lo que ha dicho el ex gobernador de Durango, José Ramírez Gamero, quien a la vez es secretario general de la Confederación de Estado CTM, Rodrigo Victorino indicó que es lamentable que alguien que estuvo en el poder y que representó a Durango tenga falta de sensibilidad para con quienes simplemente deben beneficiarse con una ley.
Miguel Lazalde Ramos, quien también es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, afirmó que va a presentar una propuesta para que el Municipio tenga injerencia en los temas relacionados con el transporte.
El edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que en lo relacionado con el transporte público es necesario que la administración municipal genere una tarifa y no es cuestión de preguntarles a los gremios choferiles si están de acuerdo o no.
Afirmó que en el transporte público urbano en Durango, hay una tarifa y ésta se tiene que acatar, ya que los transportistas explotan una concesión que les da el Gobierno del Estado.