Desde la primera mitad del 2006 la inflación anual en México registra una tendencia creciente, que parece haberse revertido en los meses de abril y mayo de este año. El Banco de México (Banxico) insistió por un buen tiempo que la causa de dicho comportamiento son varias perturbaciones temporales de oferta y, por tanto, no llegarían a contaminar el proceso de formación de precios y salarios de toda la economía. Sin embargo, la persistencia de la inflación en tasas altas y las amenzasas de revisiones salariales por encima del punto central de la meta de inflación (3 por ciento), entre otras presiones, provocaron que finalmente a fines de abril de este año la Junta de Gobierno de Banxico decidiera elevar en 25 puntos base la tasa de fondeo bancario, para colocarla en 7.25 por ciento.
El dato de inflación de mayo fue mejor a lo esperado, con una disminución de 0.49 por ciento, pero aún así no debemos soslayar una nube que comienza a cobrar una dimensión especial en esta administración y puede trastocar la reciente y estacional tendencia descendente de la inflación. Me refiero al papel de las revisiones salariales en las expectativas de precios, particularmente ahora que el gobierno de Calderón cede ante las presiones de varios sindicatos y trabajadores, especialmente los del sector público federal, al otorgarles incrementos salariales por arriba tanto del alza en los salarios mínimos para 2007 como de los aumentos registrados para esos mismos trabajdores en 2006.
En efecto, los servidores públicos federales no se han alineado con el alza a los salarios mínimos (3.9 por ciento). Por ejemplo, las revisiones a los salarios de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad lograron para 2007 incrementos de 4.25 por ciento, mientras que sólo recibieron un incremento de 4 por ciento el año pasado.
Más recientemente, destaca el incremento otorgado a los agremiados al sindicato de maestros de 4.8 por ciento, con alzas adicionales en prestaciones y otros conceptos. Este aumento, al igual que el de la gran mayoría de los trabajadores públicos, superó el otorgado en 2006, a pesar de que los disturbios en Oaxaca y otras entidades del país dejan en claro que esta revisión salarial no está asociada con aumentos en la productividad del sector en los últimos doce meses.
No obstante, es interesante observar que Banxico no menciona las presiones salariales entre las razones por las cuales decidió “reforzar de manera preventiva la postura monetaria”. Las autoridades monetarias se centran más bien en el hecho de que persisten riesgos como la incertidumbre asociada a la determinación de algunos precios como el de la tortilla, los altos precios internacionales de granos, energéticos y ciertas materias primas, entre otros; sin advertir también que la laxitud con la que se han realizado las revisiones salariales en el sector público federal pudiera trastocar las expectaivas inflacionarias y ejercer presiones sobre los precios en los meses próximos.
Por lo general, los incrementos otorgados a los trabajdores del Estado superan, con creces, el alza en su productividad laboral, que normalmente es baja en el sector público. No obstante, a nuestras autoridades les resulta relativamente fácil ser generosas con dinero ajeno, lo que con el paso del tiempo ha contribuido a la creación y fortalecimiento de intereses poderosos en los gremios gubernamentales.
Las autoridades, al otorgar alzas salariales incompatibles con la meta central de inflación anual y superiores al promedio registrado desde comienzos de 2006 para los empleados públicos federales, sientan un mal precedente para las negociaciones de otros contratos colectivos en lo que resta del año, incluidos los del sector privado. Esto bien puede traducirse en mayores presiones inflacionarias en los próximos meses y complicar no sólo la tarea de Banxico para lograr que la inflación anual converja al 3.0 por ciento, sino también la competitividad de las empresas mexicanas frente al exterior.
Esto último es particularmente relevante en esta época donde los ingresos petroleros y los flujos de capital privado por el exceso de liquidez mundial, así como la expectativa (ingenua desde mi punto de vista) que la administración de Calderón logrará éxitos significativos en las reformas estructurales, han propiciado una importante apreciación de nuestra moneda. En este contexto, la fortaleza del peso y los aumentos salariales que no van aparejados con incrementos equivalentes en la productividad son una píldora letal para la competitividad de las empresas.
El problema del poder sindical, sin embargo, no acaba ahí. Considero que su parte más nociva de mediano y largo plazo está relacionada con la habilidad que muestran los grupos sindicales para, mediante movilizaciones y bloqueos de calles y avenidas, entorpecer y limitar el avance de cualquier reforma, más aún aquellas que pudieran buscar la flexibilización del mercado laboral en nuestro país.
No olvidemos que estamos en la época del año más favorable para el descenso estacional de la inflación. Entran en vigor los subsidios a los precios de la electricidad en varios Estados del país y además los precios de los productos agropecuarios se reducen por la temporada de cosechas. Por ello, es probable que la inflación se mantenga relativamente estable durante el verano. No obstante, debemos seguir de cerca lo que suceda con las revisiones salariales próximas, ya que ellas pueden ser el detonador que obligue a Banxico a no sólo no relajar su posición de política actual, sino a incrementar nuevamente la tasa de fondeo bancario cuando regresen las presiones inflacionarias estacionales del otoño.
