El ex mandatario mexicano Miguel de la Madrid Hurtado defiende su pensión y califica como algo “injusto” que ésta pudiera ser cancelada o disminuida. En la imagen con el presidente Felipe Calderón. (Archivo)
El proyecto del presupuesto no considera recursos económicos por concepto de pensiones para los ex presidentes.
El proyecto de Presupuesto de Egresos 2008, que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su análisis, no considera recursos económicos por concepto de pensiones para los ex presidentes de la República.
La Presidencia ejercerá un presupuesto de 1 mil 774 millones 785 mil 100 pesos el próximo año; su principal gasto estará enfocado en servicios personales, materiales, suministros e inversión física.
En el rubro de Pensiones y Jubilaciones, en el resumen económico por destino del gasto del Proyecto de Presupuesto, este concepto aparece en “cero”.
Las pensiones y prestaciones de los ex presidentes Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox tiene un costo al erario público de 259 millones 115 mil 269 de pesos al año, de acuerdo con una investigación del Senado de la República.
Mantener a los cinco ex presidentes -aunque Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia- representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno, según la Cámara Alta.
En mazo pasado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República dio avisos de que las pensiones vitalicias de los ex mandatarios desaparecerían.
El senador perredista, Pablo Gómez, afirmó que las pensiones quedarían “sin efecto” a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional que fija los salarios máximos de los funcionarios públicos.
Gómez, autor de la reforma aprobada en comisiones del Senado, explicó en su momento que con las modificaciones a la Ley todo aquel que perciba remuneraciones superiores al presidente de la República, tendrá que ajustarse.
Si los ex presidentes desean mantener su pensión vitalicia, el Congreso de la Unión tendrá que legislar para crear una Ley en ese sentido, dijo el perredista.
Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, respaldó a su compañero de partido y dijo, el 6 de marzo pasado, que corresponderá a la Cámara de Diputados establecer en su Presupuesto de Egresos si dedica una partida para pensiones de ex presidentes.
“¿Los ex presidentes desde el señor Echeverría hasta el señor Vicente Fox requieren de una pensión para sobrevivir?... Pues que les hagan un estudio socioeconómico para ver sus ingresos propios y determinar si requieren o no (de una pensión”, indicó el perredista.
Prestaciones
En 1976 el entonces presidente Luis Echeverría decretó que quienes dejaran el cargo debían recibir una pensión vitalicia. Luego, 1987 un año antes de dejar la Presidencia, Miguel de la Madrid lo ratificó.
La protección para los ex titulares del Ejecutivo incluye 78 elementos de las Fuerzas Federales para cada uno de ellos y 25 empleados de la Federación.
Tienen derecho a un equipo de transporte, que incluye una camioneta blindada, otra más para su esposa, una de dichas unidades para sus hijos y tres autos para escoltas. Además, se cubren sus servicios de telefonía y tienen acceso a viajes nacionales o en el extranjero.
En su cheque reciben además remuneraciones por concepto de primas mensuales, aguinaldo, bonos, prima vacacional, estímulo especial y “apoyo” para compra de despensa.
De la Madrid defiende pensión; ‘es cuestión de una vida digna’
Pasó a la historia como el presidente que inició la era de la tecnocracia, cuya ola privatizadora sustentada en el modelo neoliberal se ha caracterizado por el desmantelamiento del Estado benefactor.
Durante su Administración el número de paraestatales se redujo de 1155 a 413. Lo tacharon de haber tenido una “actitud ineficaz” en los sismos de aquel septiembre de 1985 que sacudieron a la capital del país.
Y concluyó su mandato con una marca indeleble: “La caída del sistema” en la elección federal que llevó a la presidencia a Carlos Salinas mediante el llamado “fraude del 88”, el cual puso en crisis al sistema político mexicano y evidenció el agotamiento del régimen de partido hegemónico.
En entrevista, el ex mandatario mexicano Miguel de la Madrid Hurtado, defiende su pensión, califica como algo “injusto” que ésta pudiera ser cancelada o disminuida. Y observa que los ex presidentes “no tienen tantos empleados” como lo refieren los acuerdos presidenciales que dan cuenta de que son 103. Uno de estos acuerdos, por cierto, promulgado por él.
“Lo que puedo decir es que yo establecí el régimen de prestaciones para los ex presidentes porque pensé que era una forma de proporcionarles cuestiones dignas de vida”.
Pero... ¿no considera usted que 103 empleados para asistirlo son demasiados?.
En el rostro del ex mandatario se dibuja una sonrisa sutil mientras señala: “En realidad, no son tantos”.
-¿No?, ¿usted cuántos empleados de la Federación tiene licenciado?
(Sonríe) y esquiva el cuestionamiento reiterando: “No son tantos”.
Insistimos en la pregunta. De la Madrid se queda pensativo... hace sus cálculos y así, al tanteo, apunta: “pues de seguridad tengo como cincuenta”.
-¿Y de staff de apoyo don Miguel?
Duda por unos momentos, hace sus cuentas y responde:
-“De administrativos tengo como veinte”.
-¿Entonces setenta no son tantos?
- “Sí...no son tantos”.
Sobre una eventual disminución o pérdida de las prestaciones que el encargo le dejó, De la Madrid finaliza:
“A mí me parece que no sería adecuado, no es justo, la mayoría de los países les dan pensiones a los ex presidentes, porque una vez que salen de la Presidencia, salvo algunas excepciones, no tienen mercado de trabajo”.
Sin sustento legal: expertos
Las pensiones de los ex mandatarios no tienen sustento legal. El presidente Felipe Calderón tiene la facultad de limitar esos derechos o cancelarlos en el Presupuesto de Egresos, toda vez que no están incluidos en ninguna Ley o cuerpo normativo. Son meros acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga, consideraron académicos y expertos en derecho.
Señalan el carácter ilegal de las pensiones y prestaciones de los ex mandatarios mexicanos y destacan la importancia de crear una legislación que ponga fin a la “discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos”.
En la opinión del doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas, hay que situar los haberes de retiro de los ex titulares del Ejecutivo federal dentro de un marco jurídico, no sin antes reducirlos.
“En principio es un acuerdo ilegal, totalmente contrario a derecho y caracterizado por la inequidad. Los acuerdos presidenciales no tienen fuerza jurídica para generar privilegios de tal clase. Además, favorecen la formación de castas y otorgan concesiones realmente odiosas sin cabida en los principios republicanos”, expone.
Para el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, las jubilaciones de los ex presidentes pasan por encima de la Carta Magna.
“Es violatorio de la Constitución, son simples acuerdos administrativos que no están previstos en ninguna Ley. Por ejemplo: sobre los consejeros del IFE, la propia Constitución dice que sus retribuciones serán como las de los ministros de la Suprema Corte y en el caso de los ministros el retiro de la jubilación está en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
