La aprobación del Presupuesto por parte de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, constituye importante logro en materia de concertación política, que da lustre al Gobierno del presidente Felipe Calderón.
Desde luego que el mérito no es exclusivo del Poder Ejecutivo, sino también de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, que al menos por un momento han dejado atrás el escenario de confrontación al que nos tienen acostumbrados.
El total del presupuesto para el año entrante es de dos punto seis billones de pesos, que representa el veinticinco por ciento del Producto Interno Bruto; en términos reales es superior en un ocho punto ocho por ciento al ejercido en el año que está por terminar, que se traduce en un veinte punto cinco por ciento más en seguridad pública, el catorce punto cinco por ciento en ciencia y tecnología y un impresionante aumento del cincuenta y cinco por ciento en el renglón de turismo. En resumen, la inversión presupuestaria es superior en un treinta y cuatro por ciento en términos reales, al promedio anual ejercido en los últimos seis años.
El presupuesto aprobado implica una derrama sin precedentes, mayor en un trece por ciento, en favor de Estados y Municipios, por lo que ha merecido el calificativo de federalista.
El Estado de Coahuila recibe un catorce por ciento más en el ramo de participaciones, que incidirán positivamente en la inversión en infraestructura de atención a la salud de la población, infraestructura hidráulica y carreteras, además de un fuerte impulso a la educación, de manera especial a favor de la Universidad Autónoma de Coahuila, sin dejar de mencionar el fondo para el desarrollo metropolitano de la Comarca Lagunera, que de cien millones que estaban inicialmente considerados aumentó a doscientos cincuenta millones de pesos.
El presupuesto es recibido con optimismo, pero también con cautela extrema, porque la experiencia indica que la disposición de los recursos previstos en los presupuestos requiere de un trabajo operativo de planeación por parte de Estados y Municipios, que por desgracia los gobernantes actuales de Coahuila y de Torreón no hacen con el adecuado sentido de trabajo en equipo y con la debida eficiencia.
Baste recordar las recurrentes reyertas entre Estado y Federación y entre Estado y Municipio, que en ocasiones descienden al nivel de acusaciones sobre defectos en la integración de los expedientes técnicos de las obras, que se convierten en obstáculo para que los recursos se apliquen.
El hecho de que nuestras autoridades cuenten con mayores recursos para la satisfacción de las necesidades colectivas es promisorio, pero pone la piel de gallina el prever que los excedentes obtenidos se vayan a destinar al ofensivo gasto de promoción propagandística a favor de la imagen de los gobernantes en turno
También es digno de considerar que en algunos estados entre los que se encuentra el de Coahuila, la alternancia en el ejercicio del poder ha fortalecido a los gobiernos priistas estatales hasta el punto de recrear a nivel local, el antiguo régimen de partido de Estado, corregido y aumentado, con los resultados de falta de transparencia y control de los organismos autónomos, entre los que se encuentra el Consejo Estatal Electoral, lo que de plano hace temer el fortalecimiento de cacicazgos indeseables.
La previsión de los riesgos apuntados y la posibilidad de que los gobiernos locales quieran sustraerse a la supervisión y control en el gasto de los recursos para disponer de ellos de manera autoritaria y patrimonialista, demandan un papel más activo de la federación y una participación ciudadana más intensa y un desempeño de los medios de comunicación más crítico, que se traduzca en un mayor nivel de exigencia de la sociedad y desde luego, un mejor desempeño de la Oposición que el que actualmente ha demostrado y que insistiendo en el caso de Coahuila, deja mucho qué desear.
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