El martes 24 de abril nos amaneció con la noticia de otro supuesto fraude en la Dirección General de Petróleos Mexicanos: Raúl Muñoz Leos, ex director general de la paraestatal, ha sido investigado y denunciado en la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial a Pemex valorizado en un mil 724 millones de pesos.
La materia de la denuncia es parecida, no igual, a aquélla por la cual Fox y la PGR consignaron ante el Poder Judicial a dos altos funcionarios de Pemex y a dos líderes sindicales, quienes finalmente fueron declarados inocentes y libres.
Una de las evidencias por de la SFP para esta denuncia es una carta firmada en el año 2004 por el secretario de Hacienda y Crédito Público qué, cosa rara, no se dio a la publicidad por la PGR en la consignación judicial, ni por Fox cuando hizo públicas acusaciones contra los por él llamados “peces grandes” del sistema priista.
En la citada comunicación oficial se establece que el ingeniero Muñoz Leos suscribió un convenio económico –el 1027504— con el sindicato de Pemex “sin contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente, sin las autorizaciones del Consejo de Administración de la empresa y de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público”.
En el convenio citado se comprometieron recursos destinados a varios rubros por siete mil 781 millones 257 mil 656 pesos. Al respecto Muñoz aclararía en una entrevista para la televisión; “Estamos hablando estrictamente de un financiamiento, donde la empresa solamente solventa con un subsidio (el pago de) los intereses”. La realidad, según la Auditoría General de la Federación, es que Pemex prestó 800 millones de pesos al sindicato, a cinco años plaza, sin intereses y sin tener dinero presupuestal disponible.
Otros rubros fueron, según la información de El Universal que publicó esta noticia el martes pasado, diversas ayudas por 459 millones de pesos para campos deportivos, programa de vivienda, gastos del desfile del primero de mayo, aniversario de la expropiación petrolera y gastos en las revisiones anuales al contrato colectivo de trabajo. Además 200 millones de pesos para campos deportivos y mil 65 millones de pesos para el programa de vivienda; erogaciones todas no previstas en el presupuesto anual de egresos del gobierno. Los dineros se entregaron y recibieron directamente, sin previo acuerdo del Consejo de Administración y “tan es así –dice la SFP— que fue hasta la celebración del convenio de mérito (cuando) se pactó su indebida incorporación al contrato colectivo de trabajo”.
Aparte de esa advertencia de Gil Díaz al director Muñoz la denuncia de la SFP incluye 52 elementos de prueba entre los cuales aparecen oficios fechados en 2004 y firmados por el mismo titular de la Secretaría de Hacienda para el secretario de Energía, el presidente Vicente Fox y uno más en el año 2005 al director de la Oficina Interna de Contraloría. Las comunicaciones oficiales informaban a sus destinatarios sobre la advertencia hecha al director Muñoz Leos, la ilegalidad de los convenios y la imposibilidad de disponer de recursos no previstos en el presupuesto anual del Gobierno Federal.
Al llegar el momento de resolver el juicio penal contra Muñoz Leos el juez de la causa podrá contemplar los comunicados oficiales del secretario Gil Díaz como una evidencia contra el indiciado; pero los abogados defensores no van a omitir acusar que la correspondencia oficial signada por el ex secretario de Hacienda y Crédito Público constituye, per se, una confesión de responsabilidad para el firmante, aplicable así mismo a los destinatarios informados en razón de sus funciones públicas.
Haber conocido de manera oficial, escrita, fidedigna y oportuna la comisión de una grave falta o la omisión de un procedimiento establecido para un gasto mil millonario de recursos públicos, sin que el funcionario remitente, ni los funcionarios destinatarios de la información oficial, hubieran adoptado medidas enérgicas y radicales para evitar la ejecución del gasto indebido, es un hecho constitutivo de prevaricación en las funciones públicas y aún de presunta connivencia; pero el punible prevaricar (traición a la confianza y obligación) es un delito oficial que no parecen reconocer los auditores internos del Gobierno ni los abogados al servicio de la justicia... Prevaricar…¿cómo dijo: ¿prevari…qué? ( roorozco@prodigy.net.mx )
