En una gran cantidad de delitos federales, como el secuestro, ha tenido que actuar la Procuraduría estatal porque la PGR no cuenta con suficiente personal en la entidad.
Liberan a un niño de 14 años que duró secuestrado 14 días en el municipio de San Dimas; familiares de la víctima tuvieron que pagar 300 mil pesos para que lo dejaran libre mientras que la autoridad, aunque parecía que estaba realizando alguna estrategia para lograr recuperar al menor, no pudo hacer nada para rescatarlo sin que se depositara el dinero, tal y como sucedió hace un mes y medio en el mismo lugar donde dieron más de un millón de pesos a cambio de la libertad de dos personas.
El pasado 27 de octubre a las 8:00 de la mañana fue secuestrado un menor de 14 años de apellido Astorga, a quien con lujo de violencia lo sustrajeron 14 sujetos armados en el poblado Los Laureles, perteneciente a San Dimas, y según los vecinos de ese municipio cada mes y medio o dos meses plagian a una persona sin que la autoridad haga algo por solucionar el problema, teniendo contabilizadas más de una docena de privaciones ilegales de la libertad en los últimos meses.
Desde el mismo fin de semana en que fue secuestrado el menor, hijo de Macario Astorga, los agentes de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) fueron enterados y el mismo titular de la corporación, Jesús Alberto Alejo Núñez, comentó en su momento que estaban tomando cartas en el asunto, pues se trataba de una situación muy delicada.
Los vecinos del lugar que informaron del ilícito comentaron que en la mayoría de las ocasiones en que se presentan los secuestro se presume que son gavilleros del mismo municipio que saben cuándo van a recibir dinero los ejidatarios; sin embargo, en las últimas semanas se han enterado de que gatilleros que operan en San Ignacio, Sinaloa, después de que el Ejército y la Policía Ministerial de aquella entidad “les pusieron una corretiza”, se vinieron a refugiar a Durango, específicamente a San Dimas, por lo que existe la posibilidad que hayan sido ellos los autores del delito.
De acuerdo con lo publicado en los medios de comunicación de Sinaloa, la Procuraduría de ese estado estaba convencida de que los gatilleros de San Ignacio se habían ido a San Dimas, pues la autoridad armó un operativo masivo por aire y por tierra para acabar con esa banda y aseguraron que habrían de pedir el apoyo de la Procuraduría de Durango para enfrentar a los maleantes; sin embargo, Alejo Núñez, en su momento, comentó que no había recibido una solicitud oficial al respecto.
Total impunidad
Las familias que habitan las localidades de San Dimas, muy molestas, se han manifestado en varias ocasiones ante este medio de comunicación por los constantes secuestros que se suscitan en el municipio, asegurando que cuando los parientes de las víctimas acuden a preguntar en la Procuraduría sobre el asunto no les informan.
Hace dos meses fueron secuestrados en el poblado El Maguey, municipio de San Dimas, Raúl Alvarado Meraz y Zacarías González, y aun cuando se suponía que los investigadores estaban haciendo algo al respecto para liberarlos sin que la familia pagara el millón y medio de pesos que pidieron de rescate, no lograron hacer nada, pues los parientes de las víctimas diez días después tuvieron que depositar el dinero a cambio de su libertad.
Posterior a eso, la Dirección Estatal de Investigación (DEI) detuvo en eventos diferentes a cuatro personas señaladas como presuntos secuestradores en ese municipio; sin embargo, la Procuraduría no logró fincarles responsabilidades porque “no había pruebas”, ni siquiera consiguió una orden de arraigo, pues aunque habían traído a algunos de los afectados a declarar, al final tuvieron miedo de ratificar el señalamiento y se retractaron.
