Todavía están pendientes más modificaciones a la prohibición de propaganda que pueden hacer los partidos políticos.
Si se pensaba que la prohibición de contratación de espacios en los medios de comunicación para fines de propaganda política sólo podría alcanzar al territorio nacional, la respuesta es no. Ésta podría alcanzar también los espacios que puedan ser contratados, incluso por terceras personas, en el extranjero, pero que tengan alcance en su trasmisión en el país.
Servando Marrufo Fernández, legislador local por el Partido Duranguense (PD), dijo que dentro de las modificaciones previstas al artículo 120 constitucional se prevé establecer nuevas reglas para la relación entre el Gobierno, partidos políticos y ciudadanos con los medios de comunicación. Lo anterior es parte medular de la reforma constitucional (federal) en materia electoral dentro de la adecuación al marco jurídico estatal.
MARCO JURÍDICO
A través de su representación se ofrece iniciativa para la modificación de los artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado, que busca adecuar el marco jurídico estatal a lo que establece la legislación federal en materia electoral.
Recordó que el pasado 13 de noviembre fue publicado el decreto de la reforma en materia electoral, lo que obliga a las legislaturas locales realizar las adecuaciones necesarias y las leyes secundarias correspondientes.
La iniciativa propone incluir nuevas reglas que determinan la contratación de espacios en los medios de comunicación para fines de propaganda política, destacando que ningún partido político podrá contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión o por terceras personas.
De este modo ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los organismos políticos o candidatos, incluso si ésta es contratada en el extranjero y se difunde en México. Para la elaboración del dictamen se tomará en cuenta la opinión de los ayuntamientos y de los poderes Ejecutivo y Judicial.
