Ante la temporada de calor, que para este año se advierte muy intensa a causa de factores como el cambio climático, la Cámara de Diputados promueve ante el Ejecutivo federal un programa de emergencia que permita reducir las tarifas eléctricas en el país.
México
Asimismo se pide revisar las condiciones administrativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la compañía Luz y Fuerza del Centro para establecer medidas correctivas de mediano y largo plazos, en los órdenes legal, financiero y operativo.
La solicitud se hace con base en el Punto de Acuerdo que presentó la diputada federal Sara Isabel Castellanos Cortés, a nombre de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual está en análisis en las comisiones.
En el documento se pide a las citadas empresas prestadoras del servicio que presenten al Congreso un informe detallado sobre los programas y las políticas públicas que aplican en la materia, así como de las medidas que adopten en función de este exhorto.
La legisladora comentó que durante el sexenio pasado "los mexicanos padecimos una total anarquía en la prestación del servicio eléctrico, ya que en zonas marginadas se registraron incrementos superiores a mil por ciento, lo que ha generado que la población recurra al amparo y eso es lo que debe bajar".
En dicha demanda, explica Sara Castellanos en entrevista en San Lázaro, convergen de manera unánime legisladores, grupos legislativos, partidos políticos, organizaciones empresariales, de productores agropecuarios y del mar, sindicatos y organizaciones sociales, así como gobiernos estatales y municipales.
Igualmente, de manera reiterada, frente a propuestas de diversa índole, las Cámaras de los Congresos de la Unión y locales casi sin excepción realizan cada año exhortos y solicitudes para la baja de tarifas eléctricas en beneficio de la población en general o de distintos sectores productivos en todas las regiones del país.
"A pesar de lo anterior y de las muy diversas maneras, argumentos y tonos en que se hace esa demanda, la realidad es que el Gobierno Federal, como regulador responsable de la gestión de tarifas de servicios públicos, privilegia sus necesidades financieras por sobre las condiciones objetivas del mercado y las necesidades sociales.
Según el Artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el mecanismo para la fijación de las tarifas en ese rubro compete a la Secretaría de Hacienda a partir de la propuesta de la Comisión Federal de Electricidad.
