La gobernadora de Arizona promulgó una iniciativa que prohíbe la contratación de indocumentados y obliga a las empresas a verificar si una persona puede ser empleada, bajo el argumento de que los legisladores federales eran al parecer incapaces de resolver el problema.
La aprobación de la iniciativa por parte de la gobernadora Janet Napolitano, demócrata, marca el final de una lucha de tres años en la legislatura estatal, dominada por los republicanos, para crear sanciones contra quienes contraten a indocumentados. La finalidad de todo esto es quitarle los incentivos económicos a los indocumentados que buscan cruzar la frontera y permitir que Arizona deje de ser el punto de entrada ilegal más activo del país.
Sin embargo, la gobernadora dijo que el plan que promulgó presenta varias deficiencias importantes y que está dispuesta a convocar a una sesión legislativa especial para abordarlas.
“La inmigración es responsabilidad federal, pero... ahora ha quedado claro que el Congreso es incapaz de emprender las reformas migratorias amplias que requiere el país”, dijo la gobernadora en una declaración. Agregó que promulgó el plan “consciente de que el flujo de la inmigración ilegal en nuestro estado se debe a la constante demanda por parte de algunos empleados de mano de obra indocumentada barata”.
Los partidarios de una mayor vigilancia en la frontera dijeron que las sanciones a nivel federal eran necesarias porque el Gobierno Federal no ha vigilado de manera adecuada el cumplimiento de una Ley que prohibe contratar a indocumentados.
Muchas empresas y activistas por los derechos de los inmigrantes han puesto en duda la autoridad del Estado para reglamentar la inmigración e indicó que la nueva Ley podría afectar el clima empresarial en el estado de Arizona.
El Centro Hispánico Pew estima que los indocumentados representan a uno de cada 10 trabajadores para la economía de Arizona, uno de los al menos 11 estados que han considerado la imposición de sanciones contra empleadores este años.
