EL SIGLO DE TORREÓN
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, presentaron una iniciativa a fin de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que se fiscalicen los recursos económicos que las fracciones parlamentarias reciben del erario.
La medida también implica que los coordinadores parlamentarios o el representante de alguna bancada informe a la opinión pública sobre el destino que se da a los 50 mil pesos mensuales que se les entrega para labores de logística y asesoría.
El año pasado los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y PRD, recibieron cada uno 600 mil pesos por concepto de apoyo a grupos parlamentarios. En total se gastaron dos millones 400 mil pesos de los que nadie, más que los propios legisladores, saben en qué se utilizaron.
En teoría, los 50 mil pesos que reciben las bancadas representadas en el Congreso Estatal se deben emplear en el pago de asesores externos, en la cobertura de estudios legislativos adicionales a los que se realizan desde el Congreso y en costear foros, conferencias y reuniones diversas organizadas por las fracciones legislativas.
Sin embargo, cuando el dinero se les entrega no se les exige a cambio la respectiva comprobación.
“Es cierto que el buen juez por su casa empieza, por ello propongo regular la obligación de rendir cuentas sobre el manejo y aplicación de las asignaciones presupuestarias otorgadas a los grupos parlamentarios”, explicó el diputado Lorenzo Dávila Hernández, coordinador de la bancada del PRD.
En su iniciativa propone “la obligación de que dichas subvenciones deban ser destinadas exclusivamente para el cumplimiento de las funciones del grupo parlamentario”.
También indica que los apoyos económicos a los grupos parlamentarios “sean incorporadas a la Cuenta Pública del Congreso y se obligue a los grupos parlamentarios a entregar, trimestralmente, un informe sobre el manejo y aplicación de las partidas presupuestarias que se les hayan asignado”.
El planteamiento comprende que por el “incumplimiento en la entrega del informe trimestral” se suspenda la partida mensual siguiente “hasta en tanto no se subsane la omisión”.
La iniciativa fue sometida apenas a primera lectura, la semana siguiente se dará segunda lectura y posteriormente el proyecto se sujetará al análisis de las comisiones.
