El PRD considera que el activismo del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, contra la reforma electoral es una cortina de humo y está siendo utilizado como títere por las televisoras. (Archivo)
Alertan PRI Y PRD sobre las presiones de medios electrónicos contra reforma electoral.
Los medios electrónicos de comunicación podrían contar con una alternativa para equilibrar la disminución en sus ingresos por la eventual prohibición a los partidos, dentro de la reforma electoral, para contratar pautas publicitarias en radio y televisión, adelantó el senador Alejandro González Alcocer.
Explicó que dentro de la reforma a las Leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, se evalúan esquemas para la modernización de los medios electrónicos, con la idea de que puedan transitar de manera más ágil hacia la digitalización.
A partir de la política de transición digital terrestre, emitida por la Secretaría de Comunicaciones en 2004, México entró en un proceso para pasar del sistema análogo al digital que en las televisoras concluirá en el año 2021 y en las radiodifusoras aún no se precisa con exactitud.
Con este sistema de digitalización las radiodifusoras y televisoras podrán ofrecer servicios adicionales interactivos y de telecomunicaciones, entre éstos, de telefonía, Internet, transmisión de datos, y abrirá el espacio para más plataformas publicitarias.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia e integrante de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales -que participan en la elaboración del proyecto final de dictamen de reforma electoral-, reveló:
"Hay cosas que se pueden resolver, nosotros no estamos por negar entradas económicas a la radio y la televisión... pero hay manera de arreglarlo sin tocar la reforma (electoral) por supuesto, no estamos por cambiarle nada, sino darle expectativas a otros medios que puedan acceder a lo que van a dejar de percibir", comentó el legislador.
Aseguró que eso entra en el ámbito de otra reforma que se echó a andar el viernes, la de Radio y Televisión (Ley de Medios), y que en ese sentido "hay distintas maneras de modernizar a los medios electrónicos para que transiten al sistema digital".
"Hay formas de resolver lo que pueden dejar de ganar, hay forma de compensarlo por otro lado legalmente con reformas transparentes y sin ningún problema", agregó.
El PAN, PRI y PRD acordaron en el proyecto de reforma electoral, prohibir a las fuerzas políticas la contratación con fines proselitistas de espacios publicitarios en radio y televisión, y que a cambio se utilicen exclusivamente tiempos oficiales y fiscales del Estado mexicano.
González Alcocer dijo además que ningún legislador, independientemente de su partido político puede retroceder en la decisión de impedir que contraten espacios publicitarios en los medios electrónicos para difundir su propaganda, y que a cambio se utilicen los tiempos oficiales.
Indicó que prohibir la contratación de espacios en radio y televisión para promover a un candidato a cualquier puesto de elección popular "es tan importante como recuperar una facultad del Estado".
En el proceso electoral del 2006 los partidos gastaron, según el IFE, más de 70% de sus prerrogativas para la campaña en radio y televisión, unos mil 971.5 millones de pesos, divididos de la siguiente forma:
El PAN gastó 621.2 millones de pesos, el PRI 642.1 millones de pesos, la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia) 575.8 millones de pesos, Nueva Alianza 88.6 millones de pesos y Alternativa 44.7 millones de pesos.
Preparan legisladores reforma electoral Cuando el candidato ganador de las elecciones presidenciales viole el tope de gastos de campaña será motivo suficiente para anular el proceso, establece el proyecto para reformar las leyes secundarias en materia electoral.
Se trata de la propuesta para modificar la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que trabajan senadores y diputados de los diversos partidos.
Una vez que se apruebe la reforma constitucional que fijará nuevos criterios a las reglas de la competencia política, los legisladores se darán un plazo de 30 días naturales para hacer las adecuaciones que correspondan a la ley de medios de impugnación y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), según el proyecto.
Ls comisiones unidades de Gobernación, Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Radio y Televisión, dictaminarán la reforma constitucional en materia electoral.
La intención es presentar el dictamen el martes en el pleno del Senado en primera lectura, y el miércoles, en segunda lectura, discutirlo y votarlo.
En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la reforma constitucional especificará que este órgano sólo podrá anular las elecciones con base en las causales que expresamente señale la ley.
Quiere decir que el tribunal ya no tendrá como opción la causal abstracta que crearon los magistrados y que sólo se ha aplicado en la elección de Tabasco en el 2000, cuando se concluyó que se habían violado de manera generalizada los principios de certeza, legalidad, independencia , imparcialidad y objetividad.
Es una causal que los magistrados también valoraron en el análisis y calificación de la elección presidencial del año pasado, pero que finalmente no ejercieron y declararon válidos los comicios.
Después de esta experiencia, ahora los legisladores han determinado que para anular la elección presidencial únicamente se podrá hacer en los supuestos que determine la ley.
Según la propuesta para modificar la ley de medios de impugnación, la elección presidencial sólo podrá ser anulada por las siguientes causas:
-Por no haber instalado el 25 % o más de las casillas.
-Por haberse anulado el 25 % o más de las casillas.
-Cuando el candidato ganador haya violado el tope de gastos de campaña.
-Por inelegibilidad del candidato ganador.
De las cuatro causales, por fin los legisladores han decidido a castigar con severidad al candidato que no respete los topes de gastos de campaña.
En la leyes vigente, el no respetar los topes de gastos de campaña únicamente se castiga con sanciones administrativas contra el partido.
En la elección presidencial del 2000, se violó dicha norma, porque el entonces candidato Vicente Fox Quesada recibió financiamiento para su campaña no sólo del Partido Acción Nacional sino también de una organización denominada "Amigos de Fox".
Con la medida que ahora proponen los legisladores, de repetirse una situación similar, será razón suficiente para anular la elección.
