Rechaza constructora culpa
Prevén licitar reconstrucción del DVR en septiembre.
TORREÓN, COAH.- La empresa Acolsa, constructora del Distribuidor Vial Revolución (DVR), rechazó toda responsabilidad penal y legal en cuanto a las fallas que tuvo el complejo vial, ya que en su momento entregó reportes a la supervisora externa Coordina con copia para la Secretaría de Obras Públicas del Estado de los problemas que se presentaron en las estructuras durante el proceso de construcción y nadie quiso detener la obra.
“Contamos con toda la documentación oficial para comprobar que no tenemos responsabilidad legal ni mucho menos administrativa en este caso, porque durante la obra hicimos las observaciones del caso y en el entendido que de suceder algo nos deslindábamos de toda responsabilidad. La respuesta fue que se cambiaría de proceso constructivo”, afirmaron Edgar y Salvador Acosta, propietarios de la firma constructora.
Aseguraron que por lo tanto no pagarán ni un centavo de la construcción del nuevo complejo vial ya que para ellos “los culpables están en otro lado”.
“(Manuel) Gómez Parra no era el único enterado del problema del DVR, toda la gente de la Secretaría de Obras Públicas lo sabía, también lo sabía Coordina, la empresa supervisora de la obra y la proyectista BM, hay cientos de documentos que lo demuestran”, afirmó Edgar Acosta.
Y es que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) sólo giró orden de aprehensión contra Manuel Gómez Parra, ex subsecretario de Caminos y Puentes de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, por la construcción defectuosa del DVR. Exonerando al ex gobernador Enrique Martínez y a su secretario de Obras Públicas, Jorge Viesca.
Además, la Secretaría de la Función Pública está por liberar responsabilidades civiles y administrativas contra las empresas BM, (proyectista), Acolsa (constructora) y Coordina (supervisora externa).
Los propietarios de Acolsa dijeron que no se van a amparar ya que son los principales interesados en que “se finquen bien las responsabilidades de este asunto, pues nosotros hemos resultado afectados moral y financieramente en este caso, pues además de que nos deben dinero en el Estado, estamos vetados”.
Ayer se trató de localizar sin éxito a Manuel Gómez Parra, así como a representantes de la empresa Coordina y BM para conocer su versión.
Edgar Acosta, ante un citatorio de la PGJE, se presentó hace tres meses a declarar ante el Ministerio Público del Fuero Común en Torreón y respondió a un cuestionario de entre 20 y 30 preguntas relacionadas con el proceso constructivo de la obra. Desde entonces no ha vuelto a ser requerido por ninguna autoridad estatal.
Por su parte, la PGJE informó que a partir de septiembre la Secretaría de Obras Públicas estaría en condiciones de licitar la demolición y reconstrucción del DVR, debido a que los procesos judicial, civil y administrativo que están en curso en torno a la construcción defectuosa del complejo vial, quedarán listos antes de esa fecha.
Causa extrañeza actuación de PGJE
La información de la PGJE de la exoneración del ex gobernador Martínez y de Jorge Viesca causó diversos comentarios y al respecto el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Rodolfo Walss Aurioles, declaró que “ojalá y no se trate de una negociación política”.
“Yo no conozco los términos de la investigación más allá de lo que leí e insisto es que esperamos que esa exoneración responda a una verdadera y profunda averiguación, a conciencia y profesional y no sea una negociación de carácter político y menos aún partidista”, dijo Walss Aurioles.
Para la Coparmex, es necesario que las autoridades expliquen por qué la totalidad de la responsabilidad recayó en Manuel Gómez Parra.
“No se trata de que busquemos ‘chivos expiatorios’, que salga la verdad a relucir. Necesitamos que haya transparencia en todo el proceso, que le va a costar mucho dinero a la sociedad como para que se quede así nada más”, dijo Fernando Royo Díaz Rivera, presidente de la Coparmex. (Con información de F. Pérez-Canedo y L. Ramos).
