Aseguran que el Servicio de Inmigración y Aduanas de EU da a hombres, mujeres y niños detenidos por violaciones de las leyes de inmigración el mejor trato humano posible. (Archivo)
Washington, EU.- El Gobierno de Estados Unidos alegó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos de los inmigrantes no son violados en sus centros de detención provisional e invitó a los miembros del panel a visitar esas instalaciones en cualquier parte del país.
Gary Mead, del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que administra esos centros como dependencia del Departamento de Seguridad Interior, dijo que hombres, mujeres y niños detenidos por violaciones de las leyes de inmigración “reciben el mejor trato humano posible y buscamos resolver sus casos también con la mayor celeridad posible”.
Admitió, sin embargo, que 66 personas murieron en poder de ICE en los últimos cuatro años, pero hizo notar que si ese número se ponía “en el contexto de que más de un millón de personas han pasado por nuestra custodia en ese periodo... es muy bajo para cualquier propósito”.
Mead fue uno de los representantes del Gobierno de Washington que se presentaron ante la CIDH para responder alegaciones de grupos civiles sobre violaciones a los derechos de los inmigrantes, documentados o no, que pasan por alguno de los 40 centros de detención en el país.
La CIDH había pedido desde hace meses al Departamento de Estado autorización para visitar esos centros y su presidente Florentín Meléndez, acogió “altamente complacido” la aceptación estadounidense.
No se mencionó algún centro en especial, pero Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH, había adelantado la semana pasada que la comisión tenía interés en el de Texas, que en el debate sobre inmigración en Estados Unidos ha sido mencionado como uno de los más importantes y controversiales.
Una petición similar de la CIDH para visitar el centro de detención de Guantánamo, Cuba, donde se encuentran sospechosos de terrorismo no fue abordada en la audiencia.
“La comisión sigue interesada en verificar tanto las situaciones de confinamiento como de detención de migrantes niños y adultos con el objeto de asegurarse de que se le respeten sus derechos fundamentales y que se les trate como seres humanos”, dijo Meléndez.
Los peticionarios de la audiencia afirmaron que los detenidos en esos centros carecen de representación legal y que había hasta 325 lugares de detención administrados por empresas privadas. Indicaron que en esos centros se les imponía un sistema de administración similar al de cárceles para delincuentes comunes, con disciplina, celdas y hasta uniformes para los detenidos.
El Gobierno rechazó esas alegaciones y dijo que las leyes internacionales sostienen que los centros de detención para migrantes no pueden ser penales comunes sino específicos y que ésa era una norma que estaba cumpliendo a cabalidad.
Christopher Nugent, de servicios a la comunidad del grupo Holland & Knight, que figuró entre los peticionarios, dijo que las mayores violaciones se cometían en centro de detención ubicados en la frontera con gente arrestada en su intento de cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.
Prohíbe California a caseros pedir estatus legal a inquilinos
California se convirtió en el primer estado del país que prohibirá a los caseros preguntarle a sus inquilinos su estatus legal, evitando así que los dueños de propiedades se conviertan en una especie de “policías migratorios de facto”.
La Ley, suscrita esta semana por el gobernador Arnold Schwarzenegger, evita que los gobiernos de las ciudades castiguen a los propietarios de casas que renten sus viviendas a indocumentados.
California, que tiene más inmigrantes que ningún otro estado, es hogar de hasta 2.8 millones de indocumentados, de acuerdo con el Centro Hispano Pew.
Más de 90 comunidades en todo el país han buscado frenar la inmigración ilegal al proponer castigos para los dueños de casas que les renten viviendas o a los dueños de empresas que les ofrezcan empleo, entre otras medidas.
Los simpatizantes de un control más estricto de la inmigración señalaron que la Ley de California evitará que los gobiernos locales actúen en un asunto en el que el Gobierno Federal ha fracasado.
