El Partido Popular convocó a una manifestación para el 10 de marzo, en Madrid contra la decisión de atenuar la prisión de José Ignacio de Juana Chaos.
MADRID.-Representantes del conservador Partido Popular exigieron que se realicen protestas a nivel nacional el próximo fin de semana por la decisión del Gobierno de permitir que un prisionero del grupo armado vasco ETA sirva el resto de una pena de prisión bajo arresto domiciliario.
Los conservadores dijeron que el Gobierno había cedido al chantaje de la ETA.
El principal acto de protesta se realizará el sábado en el centro de Madrid, y también se realizarán demostraciones el mismo día en todas las capitales provinciales de España, anunció Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular.
El prisionero José Ignacio De Juana Chaos, acusado de matar a 25 personas en una serie de ataques de la ETA, fue autorizado a regresar a su casa en la región vasca y puso fin a su huelga de hambre en respuesta al gesto del gobierno.
El jueves, las autoridades españolas trasladaron a De Juana Chaos de un hospital de Madrid a uno en la ciudad vasca de San Sebastián, como primer paso hacia el permiso para que pasase el resto de su sentencia en su vivienda bajo custodia.
El gobierno dijo que la decisión fue tomada por razones humanitarias para evitar la muerte de De Juana Chaos.
"No es nuestro miedo ni nuestra debilidad lo que lo salvó, es nuestra bravura y nuestra responsabilidad", dijo el sábado el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
De Juana Chaos inició su huelga de hambre en noviembre tras ser condenado por nuevos cargos de formular amenazas terroristas.
El detenido se encuentra encarcelado desde 1987 por la muerte de 25 personas en varios atentados de la ETA. Con las reducciones de pena por buen comportamiento y otros incentivos, estuvo a punto de ser excarcelado el año pasado cuando fue convicto nuevamente y condenado a otros 13 años de reclusión por amenazas y apología del terrorismo en dos artículos que escribió para el diario separatista Gara y en los que amenazó a varios funcionarios de prisiones.
Pero el 12 de febrero el Tribunal Supremo redujo a tres años esa pena, de la que ya ha cumplido 17 meses.
