Conforme a su derecho, los comisionados Gerardo González Abarca y Eduardo Ruiz Vega recurrieron la sentencia de amparo que declaró insubsistentes sus nombramientos como integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Su caso está ahora en revisión ante un Tibunal colegiado, el décimo tercero en materia administrativa, que lo admitió el viernes pasado, 22 de junio. Un juez federal, Miguel Alvarado Esquivel ordenó el 14 de mayo que los recurrentes salgan de la Cofetel para que sus lugares sean ocupados por Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous. Eso es lo que González Abarca y Ruiz Vega tratan de evitar.
Se da así otro paso en el sinuoso camino de ese organismo desconcentrado, cuya contrahechura e ilegítima integración es uno de los frutos podridos de la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión. Uno de los objetivos centrales de esa acción legislativa, promovida por los consorcios de la televisión, era contar con un órgano regulador a modo, obediente. Se consiguió ese propósito que hoy, sin embargo, se ha vuelto contradictorio con la posición de esos medios electrónicos, que sufrieron la declaración de invalidez de otros ejes de la reforma, como el fácil ingreso de las televisoras al negocio de las telecomunicaciones y el refrendo automático y a perpetuidad de sus concesiones.
Aunque la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la intervención del Congreso al objetar los nombramientos, no imprimió efecto retroactivo a su determinación, por lo que no quedó en entredicho la designación de los comisionados. Pero el conjunto de los razonamientos de los ministros sobre el tema ha dejado en una delicada precariedad ética y política a la Cofetel, dos de cuyos miembros están además en posición frágil también desde el punto de vista legal.
No está de más recordar el modo torpe en que se puso en práctica en ese punto la reforma, que en ese terreno nacía con el signo de la exclusión. Por así convenir a los intereses de los autores y beneficiarios de las enmiendas y adiciones, se vetó a quienes compusieron la Cofetel a la hora de la reforma, para evitar que fueran ratificados o nombrados de nuevo en sus cargos. Es que se les sabía contrarios a las aberrantes disposiciones legales nuevas. El veto fue, desde siempre, mezquino, y la Corte determinó que también era inconstitucional. Aunque esa calificación careció de todo efecto práctico, pues se había consumado meses atrás el procedimiento en que operó el veto a los comisionados salientes, la decisión judicial mostró que por todas partes se había resuelto infringir la Constitución con tal se hacer valer intereses creados.
Por otra parte, en el apresuramiento doloso con que se aprobó la legislación, se cometió un desliz ortográfico que, en rigor, dejó al presidente Fox sin posibilidad de nombrar a los comisionados, no obstante lo cual lo hizo, en contravención formal a lo establecido en la letra de la Ley. Nombró a los comisionados con una rara mezcla de demora y apresuramiento (el necesario para corregir aquella). En el día límite en que podía hacer las designaciones las envió a la Comisión permanente del Congreso mientras él viajaba a Europa. Y en la prisa con que cumplió a última hora su nueva facultad, omitió informar a uno de los comisionados su designación, por lo que con elegancia y sensatez el afectado, Fernando Lerdo de Tejada renunció a un cargo que no solicitó ni le fue comunicado que se le atribuiría.
De modo que en vez de 5 nombramientos sólo conoció de 4 el órgano legislativo, que practicó su recién adquirida facultad de objeción respecto de tres de los nombrados, Julio Di Bella, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous. Sólo dejó sin objetar a José Luis Peralta Higuera que durante semanas fue el único miembro de un pleno de cinco. La objeción tenía claramente el propósito de obligar a Fox a pactar con la fracción priista en el Senado nuevas designaciones, que cobraron el carácter de escandalosas pues incluyeron a dos senadores, Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy, inexpertos en el tema, que habían sido activistas de la reforma que los beneficiaba con una suculenta chamba, y a González Abarca, vinculado con TV Azteca, y Ruiz Vega, quien había sido peón del operador de Televisa en el proceso legislativo, Javier Tejado Dondé, y había sido además colaborador de Emilio Gamboa, otro de los senadores que llevó avante el desaseado (por decirlo de modo eufemístico) trámite legislativo.
Del Villar y Martínez Pous no se allanaron a la objeción a sus nombramientos. La combatieron en un juicio de amparo que en su primera instancia concluyó hace cinco semanas y que declara inválida la objeción que los afectó. Por lo tanto, el juez Alvarado Esquivel decretó:
“En 24 horas, a partir del momento en que la sentencia cause ejecutoria, el presidente de la República deberá dejar insubsistentes...los nombramientos de....Ruiz Vega y... González Abarca, hoy terceros perjudicados, y en su lugar designar a los dos quejosos...Del Villar para un periodo de cinco años y Martínez Pous para uno de tres”.
En el inter, estos últimos fueron designados miembros del Gabinete de Luis Téllez, secretario de comunicaciones y transportes, agudo crítico de la Cofetel, que depende de su Secretaría pero está capturada por los sujetos regulados, según el dicho de Téllez mismo. Cuando la revisión confirme la sentencia que remueve a González Abarca y Ruiz Vega, será impostergable reconstruir la Cofetel.
