“La historia sugiere que el capitalismo es una condición necesaria para la libertad política”.
Milton Friedman
No sorprende que Manuel Bartlett y Javier Corral hayan festejado de la manera en que lo hicieron esta semana. La Suprema Corte de Justicia les dio la razón en la mayoría de los temas fundamentales de la discusión sobre la Ley de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y lo hizo, además, ratificando sus argumentos que planteaban que estas leyes violaban el principio de la “rectoría económica del Estado”.
Los artículos 25 y 26 que establecen este principio no provienen en realidad de la Constitución de 1917. El Artículo 25 original señalaba que “La correspondencia que bajo cubierta viaje por las estafetas, estará libre de todo registro y su violación estará penada por la Ley”. El 26 determinaba que, “En tiempos de paz, ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular, contra la voluntad del dueño”.
Manuel Bartlett, cuando era secretario de Gobernación bajo la Presidencia de Miguel de la Madrid, impulsó la reforma de estos artículos. El nuevo Artículo 25, introducido en 1983 y 1986 y complementado en 1999, establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional” y añade que “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional”.
El nuevo Artículo 26, también de 1983, copiaba el sistema de planificación central de los países comunistas: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.
Esta visión, que parecería obsoleta en un mundo en que la mayoría de las naciones comunistas ha dejado ya atrás la rectoría del Estado y la planificación central de la economía, persiste en nuestro país.
Así lo expresaron los ministros de la Suprema Corte en sus argumentos para echar atrás las partes fundamentales de las nuevas leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. El fallo tendrá consecuencias imprevisibles en otras concesiones públicas, de ferrocarriles hasta aeropuertos y minas.
Hay que reconocerle un gran triunfo a Bartlett. A 20 años de distancia, su visión sigue siendo Ley en el país. En México prevalece aún el sistema en que el Estado rige sobre la economía a través de un sistema de planificación central.
Quienes recuerdan la situación del país en los tiempos en que Bartlett era secretario de Gobernación podrán mostrarse inquietos. Bartlett fue un secretario de Gobernación autoritario y censor. Esta actitud, de hecho, es consustancial al concepto del gran Estado interventor. Si el Gobierno no permite el libre juego de la economía, mucho menos permitirá la libre expresión de las ideas.
Mi posición personal es que deberíamos tener un país con menos intervención del Estado y más libertades individuales. Los artículos 25 y 26, así como algunos fragmentos de otros, como el 27 y el 123, éstos sí originarios de 1917, son de inspiración marxista y resultan absurdos en un tiempo en que la mayor parte del mundo ha adoptado un sistema de libertades económicas y personales como camino para alcanzar una mayor prosperidad y una mayor dignidad de los ciudadanos.
Los representantes de la nueva izquierda en el mundo han entendido la necesidad de dejar atrás los dogmas marxistas. Una de las primeras grandes batallas de Felipe González en el seno del Partido Socialista Obrero Español fue precisamente lograr que la organización abandonara los principios marxistas que había tenido desde su fundación. Tony Blair hizo lo mismo en el Partido Laborista británico. El Partido Socialista chileno también dejó atrás la idea de que el Estado debía controlar la economía, que mantenía todavía bajo el régimen de Salvador Allende, cuando se restableció la democracia en Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet.
La izquierda moderna no cree ya, efectivamente, que sea sensato tener un Estado que intervenga constantemente en la economía o que controle los medios de producción o los de comunicación.
No acepta tampoco que el Gobierno deba tener un sistema de planificación económica centralizada. Considera que la función social del Estado es dirimir controversias, combatir la pobreza y lograr una mejor distribución de la riqueza, pero a través de la inversión en infraestructura y en servicios sociales que no pueden ser proporcionados por la iniciativa privada. Para el resto del funcionamiento de la economía, los partidos de la izquierda moderna le tienen más confianza a las leyes del mercado que a los dictados de la nomenklatura.
En México las cosas son distintas. Los políticos de la vieja escuela han logrado mantener vivo el concepto de la rectoría económica del Estado. Por eso celebran. Y han obtenido efectivamente un gran triunfo.
PLANTONES
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mantiene su plantón en la zona del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Estos plantones se sostienen con el dinero que los contribuyentes pagamos tanto a los maestros como a los dirigentes de los sindicatos de servidores públicos. El Gobierno del Distrito Federal ha señalado que no permitirá que la CNTE haga construcciones en los espacios públicos, pero sí que mantengan un plantón indefinido. Le toca al Gobierno Federal, dicen, resolver el asunto.
