“La gente nunca debería saber cómo se hacen sus leyes o sus salchichas”.
Otto von Bismarck
El senador del PRD Ricardo Monreal anunció ayer su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.
No deja de ser paradójico que el senador Monreal —quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del Tribunal Electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon presidente constitucional de México— recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.
Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al Tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.
Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el Tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el Tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquéllos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del Tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.
La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.
Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular.
Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que se han osado enfrentarse a los partidos políticos.
Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.
Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.
México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.
Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.
IMPUESTO A LA GASOLINA
Si ningún político está dispuesto a aceptar la paternidad del nuevo impuesto a la gasolina, no entiendo por qué los legisladores del PRI y del PAN están aceptando tácitamente que votarán por él. Si es tan malo el gravamen que nadie quiere defenderlo públicamente, entonces ninguno debería votar por él. Una vez más los políticos y sus partidos nos demuestran que lo único que les interesa es el poder. Si realmente se interesaran por el bienestar de los mexicanos, estarían orgullosos de asumir la paternidad de una medida por la que piensan votar.
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