Los días de septiembre traen por mensaje el redimensionamiento del poder en México. Tal fenómeno puede ser muy bueno o muy malo, todo depende de la capacidad de los actores para mantener en los carriles institucionales la participación de quienes reclaman definiciones.
A largo de estos días, los más diversos poderes –formales e informales, legales y criminales, político-institucionales y político-armados– han dejado constancia de su afán por ensanchar o conservar su espacio y territorio, haciendo valer derechos, privilegios, fuerza e incluso peligrosas tentaciones autoritarias.
La redefinición de esos campos de acción plantea límites y horizontes pero, sobre todo, la posibilidad de reivindicar o vulnerar el Estado de Derecho y la democracia. Como hace muchos años, septiembre marca días determinantes. Se juega con todo y por todo.
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Si el primero de septiembre quedó en la memoria como la sepultura de lo que era el Día del Presidente, el día 2 apareció en la escena “el presidencialismo nostálgico”, donde el jefe del Ejecutivo intentó reponerse blasones que ya no le corresponden.
Después de casi 20 años de ver una ceremonia marcada por el repudio a ella, el Poder Ejecutivo entregó al Poder Legislativo su Informe de Gobierno en un marco de sobriedad y austeridad política. Al arcón de los recuerdos fue a dar aquella pompa y circunstancia donde el Poder Ejecutivo hacía de una obligación su fiesta, dejándole al Poder Legislativo la posibilidad de proclamarlo dios sobre la Tierra.
Sin que aún se defina la nueva liturgia política que encuadrará el próximo Informe de Gobierno, hay quienes aplauden la sepultura del viejo ceremonial y quienes reclaman resucitarlo para demostrar que el viejo orden era el mejor orden. Lo cierto es que esos dos poderes, formalmente constituidos, redimensionan su espacio y territorio.
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A partir del 3 de septiembre, otro poder –el poder electoral– salió gritando a la calle que querían descabezarlo, olvidando la ilegitimidad de su origen y la impunidad de su desempeño. Hubo quienes cayeron en la trampa y confundieron la institución con la persona, la impunidad con la autonomía y pretendieron defender lo indefendible: un Consejo General de IFE que, con o sin reforma electoral, era y es insostenible.
Sólo Luis Carlos Ugalde creyó que en su auxilio salían los medios electrónicos. No, ese poder fáctico tuvo bien claro desde el principio que la reforma electoral propuesta ponía en juego las pingües ganancias derivadas de la democracia defectuosa. Aquélla donde el dinero o el doblez político se convertían en la credencial para tener acceso a la vitrina y a la caja de la resonancia de los medios electrónicos. Luis Carlos Ugalde era el pretexto, no el texto de la confrontación del poder de las televisoras frente al Poder Legislativo.
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Desechado el presidente-consejero como bandera de las televisoras, vino una auténtica danza de pretextos para salvar el negocio de los spots y confrontar, de poder a poder, al Senado de la República.
A los concesionarios no les interesaba el dinero sino la libertad de expresión, no les interesaba el dinero sino las candidaturas independientes, no les interesaba el dinero sino evitar la censura pero, curiosamente, en el abanderamiento de esas causas limitaban la expresión de los propios senadores, privilegiaban a “los entrevistables” y de ahí, pasaron a la denuncia del carácter supuestamente expropiatorio o confiscatorio de la reforma. Dejando ver, finalmente, el motivo de su súbita preocupación por la reforma electoral.
En particular, el grupo Azteca mostró –por tercera ocasión en menos de una década– su desprecio por las instituciones relacionadas con el Estado de Derecho y su peligrosa inclinación por el autoritarismo y el uso de la concesión para propósitos distintos a la democracia. Falta ver el curso de la reforma electoral en las legislaturas locales pero, lo visto en el Senado reivindica el Estado de Derecho y a los poderes formalmente constituidos frente al poder fáctico de los medios.
En esto no deja de ser curioso que, en menos de medio año, el poder mediático se ha enfrentado con dos Poderes de la Unión, el Judicial y el Legislativo y hasta ahora el Estado ha recuperado parte del espacio que aquel poder mediático le disputaba con la mano en la cintura.
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En medio de esa confrontación de los poderes formales e informales, otro poder apareció en escena: los grupos armados, en particular, el Ejército Popular Revolucionario.
Como hace dos meses, esa guerrilla estableció que su reaparición dejó de tener el carácter propagandístico de antes. Los objetivos que se planteó el 10 de septiembre como el 10 de julio hablan ya de una capacidad estratégica y logística muy superior al estallido de cohetones en las puertas de cristal de un banco. Pegaron en la nervadura de la distribución de energía, cuyo rebote golpea directamente en la producción industrial y la economía.
Ambas acciones dejan muy mal parado a los servicios de Inteligencia del Estado y ponen sobre la mesa la falta de coordinación y organización de esos servicios con los operativos. Exhiben ese problema, pero también la ausencia de una verdadera postura frente al peligro de la aparición de la violencia política. Hasta ahora, la simple condena a la violencia y el llamado a la unidad marca la capacidad de reacción del Gobierno, pero elude el reclamo de ese grupo guerrillero.
¿En verdad, se está regresando a la idea de jugar a “la guerra sucia” donde se “desaparece” a los adversarios? No hay una postura oficial clara al respecto. ¿Estando en disputa los otros poderes, no convendría cerrar ese flanco sobre la base de esclarecer si el Gobierno actúa con respeto a los derechos humanos?
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En el campo de la violencia, el poder criminal también juega sus cartas. El número de ejecuciones entre los cárteles de la droga parece disminuir pero, justamente en estos días determinantes de septiembre, aumenta el número de ejecuciones de mandos y agentes policiales.
Con júbilo singular se informa del despliegue del combate al crimen, pero no se rinde un auténtico parte de guerra. Se habla de operativos, pero no se informa de la captura de quienes han hecho de las ejecuciones la demostración más pura de la impunidad y la venganza. Hay ejecutados, no hay ejecutores. Se reconoce a los muertos, pero no a los homicidas. Caen mandos y agentes policiales pero, al final, prevalece la duda de en qué bando jugaban.
Es una buena noticia que el precio de la cocaína y las anfetaminas haya subido en Estados Unidos, el encarecimiento puede hablar de cierta escasez en el mercado. Pero, en México, el campo de batalla, falta información de la disputa por el espacio y los territorios que libra el poder criminal y el poder militar.
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Quizá el mayor símbolo del redimensionamiento del poder en México se significa en la delimitación del Zócalo que, con motivo de El Grito, aparece también en la escena.
El festejo patrio revela curiosamente una patria dividida, confrontada, en búsqueda urgente de la delimitación de los espacios y la redefinición de los términos de la relación política que puede haber entre los mexicanos. Todo esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo, todo depende de la capacidad de los actores para evitar el desbordamiento de las pasiones.
Se oyen muchos gritos, pero no muy bien El Grito.
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