Firmadas hace dos semanas, en condiciones de gravosa tensión para el Gobierno de la Ciudad de México, las bases de coordinación de éste y el federal relativas al refinanciamiento de la deuda capitalina generaron compromisos que la Administración capitalina podría estar imposibilitada para cumplir.
Tras dos meses de silencio, a última hora la secretaría de Hacienda autorizó la fórmula presentada por el Gobierno del DF para pactar con la banca comercial nuevos plazos y tasas para cubrir su deuda. Al final, para subrayar la posición de poder desde la que actuaba, Hacienda empleó tres vías para conceder su autorización: primero, de modo informal, el jefe de asesores del secretario y el jefe de la unidad de deuda pública recibieron el lunes 30 de julio a diputados locales a los que hicieron mensajeros de las condiciones para la autorización, que luego se comunicaron a la opinión pública a través de un boletín de prensa. Al día siguiente, a deshoras burocráticas, se expidió el oficio 102-B-117 donde consta la autorización. Y enseguida, la noche de ese mismo martes 31el subsecretario de Hacienda Alejandro Werner Wainfeld y el secretario de Finanzas del Gobierno del DF Mario M. Delgado Carrillo suscribieron las bases de coordinación mencionadas, cuyo cogollo es el ahorro que la Administración capitalina conseguirá. Se le menciona en el considerando cuarto de dicho documento y aparece en cada uno de los tres compromisos asumidos por la Administración Ebrard.
Importa señalar que la federal quedó convencida que se producirá tal ahorro. Las partes consideraron “que las condiciones prevalecientes en los mercados financieros advierten sobre la oportunidad de realizar operaciones de refinanciamiento de la deuda para el Distrito Federal que mejorarían su perfil al extender su plazo y mejorar su tasa de interés, lo cual el GDF ha estimado que podría traducirse en ahorros de mil 500 millones de pesos y una extensión de plazo promedio a 30 años”.
Conforme a los compromisos aceptados por el DF, esos ahorros serán objeto específico de los mecanismos de transparencia aplicables y de “nuevos indicadores sobre el ejercicio de los recursos asociados al endeudamiento” indicadores que el Gobierno capitalino debe generar. Ese Gobierno se obligó a “destinar los ahorros resultantes del refinaciamiento... para invertir en las necesidades de infraestructura del Distrito Federal, entre otras preferentemente agua y drenaje, de acuerdo al Presupuesto de Egresos que apruebe anualmente la Asamblea de representantes (sic, por Asamblea legislativa) del Distrito Federal. Y que esos “recursos derivados del financiamiento”, es decir los ahorros, “se canalicen a través de un fideicomiso en donde se deposite un porcentaje de las participaciones federales que le corresponden a esa entidad federativa, para garantizar el pago de sus obligaciones”.
Pero el tal ahorro de mil 500 millones de pesos podría no producirse. Más todavía, salvo que una explicación pública sobre éste y otros puntos relacionados con el refinaciamiento ofrezca la clave de la operación, lo más seguro es que se trate de un cálculo no sólo exagerado sino ilusorio, de una ficción que extrañamente las partes accedieron a compartir. Es que el ahorro mencionado sólo puede resultar de que disminuya en cuatro por ciento la tasa promedio pactada con los bancos. Tal reducción se antoja imposible porque ese cuatro por ciento es la mitad del costo financiero actual. No parece que alguien, ni siquiera el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, experto que protagonizó este episodio sea capaz de obtener una disminución de tal tamaño.
No es trivial el desliz de confundir el nombre del órgano legislativo capitalino en un documento oficial que, si bien no reviste características de solemnidad sí tiene formalidad bastante para generar efectos jurídicos (de otra suerte no se consignarían en él compromisos).
La Asamblea de representantes del DF existió de 1988 a 1997. En este último año, por enriquecimiento (o quizá sea mejor decir desempobrecimiento) de sus facultades, se convirtió en Asamblea legislativa del DF. El anacronismo en que se incurre al llamarla por su nombre inicial equivale a confundir la secretaría de la Defensa Nacional con la de Guerra y Marina o volver a los días en que la SHCP se llamaba simplemente secretaría de Hacienda. Esa inclinación al pasado conduciría a llamar a Delgado no secretario de finanzas sino Tesorero del DF.
Por supuesto que no señalo un gazapo banalmente. Quizá la confusión deriva de que el propio Aspe redactara las bases de coordinación, ya que durante sus años en el Gabinete Federal había representantes y no diputados locales en el DF. Eso querría decir que el ex secretario actuó como un puente entre las partes y no sólo como asesor de una de ellas. Si eso fuera verdad, quizá haya que pagarle un millón de pesos adicional. El jefe de Gobierno había dicho que Aspe (y/o Protego, su consultoría) cobraría cien mil pesos por mes. Pero esa cifra no incluyó los estudios para reestructurar la deuda, sino que éstos se pagaron aparte e importaron un millón de pesos. Tales estudios consistieron en “evaluar las condiciones del mercado de capitales nacional e internacional... e indicar cuáles eran las ventanas de oportunidad que se podían aprovechar para tener mejores condiciones de ahorro” (El Centro, 27 de julio). Delgado, alumno de Aspe en el ITAM habría quizá dependido de su maestro para estudiar y negociar y para cerrar el trato...
