Si se realizara una estadística sobre los temas nacionales que más se han mencionado y discutido en la prensa en los últimos años, el de reforma del Estado, integral además; una nueva constitución, y sus temas relacionados y la renovación del pacto social, entre otros, sin duda deberían aparecer en los primeros lugares por la frecuencia con la que se mencionan.
Y en la recurrencia a estos temas, se pueden encontrar desde textos sólidamente argumentados, proclamas con oportunismo político y, desde luego, genuinos enfáticos llamamientos para resolver estos trascendentales asuntos. De igual manera, la reiteración con que los temas se ponen sobre la mesa de discusiones, es la misma con la que los actores políticos la desechan; como siempre, culpándose unos a otros por los nulos avances.
De manera que para los lectores que siguen esta temática debe ser hasta cierto punto muy tedioso escuchar el desgastado discurso de los políticos pero, sobretodo, frustrante que se regresa a ellos porque no se ha progresado nada. Y no se crea que el sentimiento entre analistas y académicos sea diferente.
Hemos insistido, y en eso creemos que hay un gran consenso, de que el pasado proceso electoral reiteró la necesidad de una nueva configuración institucional del Estado, por una parte; y el imperativo que las instituciones que permanecen viables funcionen bien, por la otra.
Nadie niega pues que sean necesarias las adecuaciones a la normatividad electoral; al sistema de gobierno, para analizar la pertinencia de alternativas al anquilosado presidencialismo; al federalismo; a la procuración de justicia, donde hay un rezago alarmante; a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y otras más.
Incluso, recién que se acaba de cumplir el 150 aniversario de la Constitución de 1857 y los 90 de la de 1917 se ha insistido en la necesidad de la renovación institucional que requiere el Estado mexicano, partiendo de su documento fundamental. Para algunos es necesario hacer un cambio total, para otros bastaría con hacer algunas modificaciones, y hay quienes consideran que ninguno de los dos casos anteriores son necesarios, solamente bastaría que con que la Carta Magna se cumpliera, empezando por los políticos y funcionarios públicos, quienes son los que más la violan.
A no dudarlo, todas las cuestiones que se mencionan son de trascendencia para la viabilidad política y social del país, por ende económica. Sin riesgo de caer en una posición ambiciosa se puede decir que hay buenas posibilidades de hacer progresos en cada uno de ellas, desde luego, con avances y tiempos diferenciados, siempre y cuando haya auténtica voluntad política, y ahí reside la clave del estancamiento.
El problema es que los cambios a las reglas fundamentales del poder político en buena medida implicarían tocar los privilegios de la clase política precisamente (y de otros grupos de poder), y resulta que ellos son los que tienen en sus manos el procesamiento de tan cara reforma. Es como si fueran juez y parte, cosa que incluso algunos políticos reconocen.
Un ejemplo muy claro de ello es reforma electoral. Todos los partidos reiteradamente han estado de acuerdo en que el dinero que se destina a ellos y las campañas es desmesurado, y que además los mecanismos para fiscalizarlo de manera efectiva son muy laxos. Sin embargo, cuando se trata de poner los remedios, se culpan mutuamente por no llegar a acuerdos?y así sigue la situación.
La incipiente democratización electoral, como lo reconocen incluso algunos magistrados electorales, no es suficiente. Estamos hablando pues de la necesidad de democratizar al Estado mexicano y por esa vía fortalecerlo. Esto deberá darse en dos sentidos, por un lado hacer efectivos los medios de que aquél dispondría para que pueda actuar con plena autonomía de los grupos de interés, y de los poderes fácticos (que fundamentalmente son económicos), teniendo como premisa básica el interés general de la sociedad, y por el otro abriendo su relación hacia la sociedad con efectivos mecanismos de democracia directa.
La reforma del Estado, en efecto es muy necesaria no solo para terminar por destrabar la gobernabilidad priista, ahora usufructuada por el PAN, sino para darle forma a las instituciones de un nuevo pacto nacional que permita profundizar y consolidar la democracia, si no queremos correr el riesgo de que ésta sea evanescente, como lo plantea Diego Valadés.
Así las cosas, en el recientemente inaugurado periodo legislativo se ha dado entrada ya a una iniciativa más, ya trabajada, en la materia comentada, se trata de la Ley para la Reforma del Estado, en la que se busca establecer reglas de la discusión, los tiempos perentorios y los mecanismos del proceso, pero no precisa sanciones en caso de incumplimiento, lo que deja un amplio abanico para ello. Esperemos que dentro de un año no se repita la historia de que largas discusiones y litros de tinta y papel, que se habrán invertido para estos propósitos se hayan ido a la basura una vez más, junto con la esperanza de quienes verdaderamente piensan que este país requiere profundas transformaciones. Hay tareas.
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