El proyecto de reforma electoral votada en el Congreso de la Unión la semana pasada y que hoy circula para su discusión en los Congresos de los Estados, incurre en errores que es necesario corregir.
Es cierto que existe un clamor general que pide que los medios de comunicación dejen de lucrar con las campañas electorales al nivel escandaloso en que lo han hecho y se modernicen a la par de la sociedad y de las instituciones del país. En ese sentido es positivo que se destierre de los medios la propaganda política pagada, siempre que a tal propuesta corresponda la reducción de los recursos públicos asignados a financiar el gasto de los partidos.
Los medios electrónicos y en especial la televisión nacional concesionada a particulares, durante el régimen de partido de Estado se erigieron en pilar corporativo del sistema y a ello corresponde la expresión que se atribuye a Emilio Azcárraga Milmo: “Soy un soldado del PRI”. Lo anterior no obsta para que hace ocho días acudieran al Congreso los dueños históricos de la radio y la televisión en México, renegando del pasado priista y de los setenta años de censura y mordaza que dicen haber padecido, sin que en ningún momento hicieran gestos de disgusto a los beneficios económicos obtenidos durante esos mismos setenta años.
Sin embargo, la reforma toca excesos que es necesario atemperar a fin de situarla en un justo medio que corrigiendo los errores del pasado, no vaya al extremo opuesto, incurriendo en la violación de garantías individuales.
Un grave error de técnica legislativa se comete en la reforma electoral, al elevar a rango constitucional la asignación de tiempos a partidos y candidatos en radio y televisión, pues la Constitución tiene por objeto el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas y la regulación de la estructura fundamental del Estado, por lo que la reglamentación de los tiempos referidos nada tiene que hacer en la norma constitucional.
El desatino se explica porque tal fue el único instrumento que encontró el Congreso para meter al orden a ciertos gobernadores, que han adoptado una actitud personalista y autoritaria en el manejo del tema electoral y en todos los demás temas, al interior de las entidades federativas que gobiernan.
Por ello no es extraño que alguno de esos gobernadores, como ya lo anuncia el de Coahuila Humberto Moreira Valdés, se opongan a la reforma constitucional que nos ocupa, con toda la fuerza que les da el control de sus respectivos Congresos Estatales en los que cuentan con una mayoría sumisa.
Moreira se opone a uno de los frutos positivos de la reforma que prohíbe la promoción de la imagen personal de los funcionarios públicos a costa del erario y que en el caso del gobernador de Coahuila llega a niveles de obsesión. El arreglo de un bache, el reparto de útiles escolares o la atención a las víctimas mortales de una tragedia; cualquier cosa es pretexto para derrochar recursos públicos en publicitar la sonrisa del gobernador como si lo que hace fuera una merced graciosa y no el cumplimiento estricto del deber que le impone su investidura.
Un importante agravio que de verdad infiere la reforma que se comenta, vulnera la autonomía del Instituto Federal Electoral al despedir a los consejeros, sin exponer ni debatir las causas de la remoción. Lo anterior hace pensar que se trata de una lisa y llana venganza del PRD y del PRI como perdedores en las pasadas elecciones, con la anuencia del PAN, que se suma al linchamiento como parte de un paquete de negociación parlamentaria y como oportunidad para deslindarse de una compañía que se le ha vuelto incómoda. A ver quiénes son los valientes que gozando del prestigio e independencia que exige el perfil de Consejero Electoral, se apuntan para el relevo.
Otro agravio que causa la reforma electoral, el más grave de todos porque vulnera derechos políticos de los ciudadanos, se refiere a la prohibición a personas físicas y colectivas de contratar tiempos en radio y televisión para influir en las preferencias electorales, lo que hace de la política un coto particular de los partidos, del que se excluye a los ciudadanos y a las agrupaciones cívicas y organismos sociales intermedios.
Se entiende que los partidos tengan una limitante al respecto, porque la reforma pone a su disposición tiempos gratuitos para promover sus campañas electorales, pero prohibir a los ciudadanos difundir en los medios de comunicación su opinión crítica en relación a los procesos electorales y sus protagonistas, es un ataque a la libertad de expresión mas grave que el peor que haya existido en el pasado priista.
Pese a sus inconvenientes, esta reforma tiene a su favor la presunción de ser un esfuerzo conjunto de los protagonistas de nuestra vida pública por salir de la parálisis y continuar el tránsito a la democracia plena. Ojalá que la discusión del proyecto a nivel de legislaturas de los estados, sirva para corregir los yerros.
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