Las declaraciones del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, sobre la reforma electoral que se encuentra en marcha en esa entidad, amerita ser objeto de comentario, porque el licenciado Rubén Moreira habla por la mayoría en el Congreso, que por sí sola puede realizar la reforma al respecto, sin necesidad del acuerdo con ninguna otra fuerza política.
La primera parte de la iniciativa propone reducir el número de diputados de treinta y cinco a treinta, lo que implica una reducción de cinco, que afectará a los diputados de representación proporcional también conocidos como plurinominales.
Esta parte de la propuesta es positiva, en la medida en que tales diputaciones fueron concebidas en una época en la que la alternancia en el ejercicio del poder era impensable y hoy, aún en el marco de una democracia imperfecta, el reto de la calidad y la competitividad exige tender a la integración de nuestros Congresos tanto a nivel Estatal como Federal, sólo con diputados de mayoría.
En su declaración el dirigente priista anuncia que algo similar propondrán los diputados de su partido en cuanto a la integración de los ayuntamientos, para reducir en un treinta por ciento el número de ediles (regidores y síndicos). En este caso contrario a lo que ocurre en el Congreso, la bondad de la medida estará condicionada a que la reducción afecte en forma proporcional tanto a los ediles de mayoría como a los de representación de las minorías.
Lo anterior porque si en el Congreso la integración obedece a una división convencional del territorio del Estado, en virtud de la cual los partidos pueden disputar cada Distrito por separado, en el caso de las elecciones municipales los partidos postulan planillas completas, lo que hace indispensable mantener la proporción de ediles de oposición, para lograr el equilibrio y la representatividad que exige y merece la ciudadanía.
En lo que la iniciativa priista anunciada por Rubén Moreira desbarra de manera lamentable, es en el tema que el dirigente presenta como un intento de evitar el “chaqueteo político” y en el que la sugerencia es que la Ley Electoral impida la posibilidad de que un militante de un partido pase a otro en vísperas de un proceso electoral, con el objeto de ser postulado como candidato.
La sugerencia de Moreira lleva una dedicatoria específica, porque el PRI presenta un éxodo incontrolable que nutre las filas y los cuadros de otras organizaciones. Por los visto, Moreira Valdés pretende condenar a sus compañeros de partido al infierno de la eternidad priista sin posibilidad de arrepentimiento y redención, lo que desde luego es una amenaza a los derechos de libertad y a los derechos políticos de los ciudadanos.
Para justificar la iniciativa de que se trata, Rubén Moreira sostiene que este tipo de trasiego “demerita el ejercicio de la política…” lo cual puede ser cierto o no de acuerdo a las circunstancias de que se trate las que en todo caso, serán objeto de análisis por parte de los electores al ir a las urnas, quienes aprobarán o reprobarán el paso del candidato específico de que se trate, al partido que sea y en función de las circunstancias concretas.
Otra cuestión absurda de la propuesta del PRI y de Moreira, se contiene en la iniciativa de crear un organismo burocrático electoral además de los que ya existen y que desde luego funcionaría a costa de los ciudadanos, que se encargue de vigilar que los compromisos de los candidatos concuerden con la ideología del partido que los postule, pues lo anterior constituye una intromisión intolerable en la vida interna de los partidos.
El organismo burocrático que se propone tendría además según propone el dirigente del PRI, facultades para emitir opiniones respecto a que un funcionario ya electo, esté o no cumpliendo con sus compromisos de campaña. Lo anterior es un agravio para la sociedad civil en su conjunto, pues son los ciudadanos los únicos legitimados para expresar ese tipo de opiniones y para ello no requerimos más burocracia. En todo caso si existen violaciones a la Ley por parte de un funcionario por elección en el desempeño de su cargo, existen órganos de control para prevenir y castigar el ejercicio indebido de la función pública.
Lástima que en lugar de aprovechar esta oportunidad para corregir los graves defectos que tiene nuestra legislación electoral vigente, y que fueron reconocidos en las pasadas elecciones estatales tanto por el Gobierno del estado, el Instituto Estatal Electoral, partidos políticos, medios de comunicación y sociedad en su conjunto, la reforma electoral que actualmente promueven el Gobierno de Coahuila y su partido, vaya a terminar en un remedio peor que la enfermedad que nos aqueja.
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