Aun si hoy es llevado al pleno del Senado el dictamen sobre la reforma electoral, es oportuno insistir a los miembros de esa Cámara sobre la propuesta que en esa materia ha formulado el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (Ccre), la agrupación civil que más sólida y sostenidamente se ha ocupado de ese tema, y que no expresa sus opiniones sólo al calor de una coyuntura en que están en riesgo las posiciones de amigos, como sucede con buena parte de quienes defienden la permanencia de los consejeros del IFE.
El miércoles pasado, antes de que apareciera el proyecto de dictamen sujeto a la aprobación de cuatro comisiones senatoriales, el Comité difundió su posición al respecto. Con el título “Riesgos de una reforma a modo de los partidos mayoritarios y a espaldas de la sociedad civil”, consta de tres partes: La primera reconoce los avances del proyecto en curso en el Congreso. La segunda señala algunos de sus defectos. Y la tercera se ocupa de las omisiones graves, a la luz del interés general de la sociedad, según lo percibe este grupo de estudiosos y activistas. Comienzo por reseñar esta tercera porción, pues aún es posible que la discusión legislativa colme algunas de las lagunas señaladas por los expertos que, si bien lo son, actúan sobre todo animados por su condición de ciudadanos.
El comité ha propuesto un mecanismo de designación de los consejeros del IFE que evite en lo sucesivo el nombramiento de integrantes del consejo sólo a partir de los intereses de los partidos. Se trata de un procedimiento público, en que a convocatoria de la Cámara de Diputados organizaciones civiles presenten candidaturas libremente. Los candidatos que satisfagan los requisitos establecidos -a fin de impedir la infracción a la Ley, como ocurre con algunos de los actuales consejeros cuya falta de idoneidad comienza por el incumplimiento de las condiciones de su elegibilidad- participarían en comparecencias públicas para mostrar su aptitud para el cargo. La Cámara de Diputados misma haría la designación tras esas comparecencias, con el voto de las cuatro quintas partes de los miembros presentes. El mecanismo se aplicaría también a la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía de Delitos Electorales que depende de la Procuraduría General de la República.
En torno al mismo consejo del IFE, el Comité propone la eliminación de los altos salarios a sus integrantes, porque el actual sistema eterniza las “graves diferencias e inequidades salariales en la estructura del propio IFE” y genera “una situación de privilegio que no corresponde a la realidad de nuestro país, particularmente en una institución de perfil ciudadano”. La repercusión del gasto en honorarios en el costo general de los aparatos electorales sería una razón para, como lo propone el Comité, crear el Instituto Nacional de Elecciones, que sustituya al IFE y a los 32 órganos locales cuyo funcionamiento es oneroso y cuya heterogeneidad hace que haya “procesos electorales de diverso nivel de calidad y eficiencia” en los que los poderes políticos locales tienen influencia excesiva, lo que genera ciudadanos de primera y de tercera.
Echa de menos el Comité la obligación de los partidos y agrupaciones de sujetarse a la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública, sobre todo pero no únicamente en lo concerniente al manejo de los recursos públicos de que se les dota. Se pasó por alto también la experiencia -cuyo abordamiento está todavía en curso- del año pasado relativa al recuento de votos en caso de elecciones muy competidas.
Entre los defectos hallados por el Ccre un tema en particular requiere ser aclarado, hoy mismo, en la presumible discusión senatorial. Se han ufanado los partidos de que recortan severamente el monto de los gastos de campaña. Pero como no sucede lo mismo con el financiamiento ordinario, no se produce “una reducción significativa el financiamiento asignado a las tres principales fuerzas políticas”. Por añadidura, la fórmula incluida en el proyecto senatorial, que a partir de 2010 distribuye “los recursos exclusivamente con base en el número de votos obtenidos en la elección anterior…plantea un principio de inequidad y ahogará a los partidos emergentes”, además de crear “un tripartidismo multimillonario”.
Preocupa al Comité conciudadano, pero no en el sentido coyuntural y en muchos casos insincero que se ha expresado en torno de la remoción de los consejeros, el eventual daño que puede entrañar para la autonomía del IFE la contraloría que el Congreso crearía para fiscalizar la actuación del órgano: “El Ccre reconoce la necesidad de que los órganos autónomos y sus funcionarios también rindan cuentas a la sociedad sobre su gestión y se conduzcan sobre la base de los principios de honestidad, eficiencia y transparencia. Sin embargo, consideramos que una Contraloría designada por los partidos políticos representados en el Congreso significará un foco de permanente tensión al interior de la institución y una amenaza a su autonomía”.
La iniciativa de reforma electoral surgió de los trabajos emprendidos por la Comisión para la reforma del Estado. En ese marco, dedicó al tema una jornada de consulta ciudadana. Esa atención a los pareceres de la sociedad civil no debería impedir que se conozca el examen de dicho proyecto formulado por un grupo tan diestro e interesado en la reforma electoral, como el Comité conciudadano.
