La reforma a la Ley del ISSSTE concertada entre el Gobierno de la República con las fracciones de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, abre la posibilidad de que el presidente Calderón logre un nuevo acuerdo parlamentario, ahora en relación con la reforma hacendaria que México requiere.
La propuesta de Hacienda inacabada, para dar oportunidad a la propuesta de los grupos parlamentarios, esboza la posibilidad de reducir las tasas del Impuesto Sobre la Renta a menos de la mitad de los porcentajes actuales al tiempo de eliminar deducibles, a fin de garantizar una recaudación previsible y estable, ofreciendo al contribuyente un marco de tributación más simple y que ofrezca mayor certidumbre.
Como resultado de conceder a la Oposición el protagonismo que reclama, Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, propone la discusión simultánea del tema fiscal y la reforma energética, a fin de brindar un mejor esquema fiscal a Petróleos Mexicanos como condición de su viabilidad.
El Partido de la Revolución Democrático ha calificado las primeras propuestas del Ejecutivo como “dignas de discusión” lo que en boca del radicalismo desbordado de que ha hecho gala ese partido en los últimos tiempos constituye un inusitado piropo.
La postura se explica en función de que el PRD advierte que su exclusión de la mesa de las discusiones lo convertiría en una fuerza marginal y por ello, juega, como suele hacerlo en el mejor de los casos, en dos vertientes: La de la confrontación y la del protagonismo.
El partido del sol azteca por una parte impulsa la Oposición a ultranza en contra de la Ley del ISSSTE y por otro lado, el coordinador de la bancada perredista en el Senado asegura que su partido no desea excluirse de la discusión de la reforma fiscal y que tampoco permitirá que se le excluya. Esta última expresión la acompaña con una advertencia según la cual la propuesta presidencial tiene “muchas aristas, pero es digna de discutirse para aprobarla o rechazarla…”. Nótese que nada dice el perredista de hacer una propuesta propia.
La Secretaría de Hacienda anuncia mayores controles para que la Iniciativa Privada pague más impuestos, a cambio de la eliminación al menos parcial, de los denominados impuestos especiales que tanto escozor causan entre el sector empresarial.
Sólo ensombrece la expectativa de una reforma fiscal, la terquedad en desaprovechar el rubro del Impuesto al Valor Agregado para aplicarlo a la tasa que fuere, al rubro de alimentos y medicinas. Sigue campeando la demagogia sobre el sentido común, que indica que los mayores beneficiarios de esta exclusión del pago de tal impuesto son las clases altas que son las que gozan de un mayor nivel de consumo, contrario a lo que sostienen quienes se oponen al cobro de este impuesto en los rubros indicados aduciendo proteger a los que menos tienen.
Está de sobra discutido que las clases pobres como tales, tienen un reducido poder adquisitivo y por ello en poca medida les impactaría el impuesto aludido, lo que a su vez se vería compensado con una recaudación mayor de la Hacienda Pública, para satisfacer las necesidades colectivas, la promoción del desarrollo social y el combate a la pobreza.
Mucho se ha dicho en el sentido de que se convocará a un periodo extraordinario de sesiones para discutir esta propuesta durante los meses de julio y agosto. Esta eventualidad es poco probable, atendiendo a la complejidad del tema y a la presión que inyectaría sobre el primer informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, por lo que lo más seguro es que habrá que esperar la apertura de los trabajos ordinarios el próximo primero de septiembre.
Nuestra clase política tiene frente a sí una oportunidad histórica para revertir el círculo vicioso de confrontación y desencuentro que paraliza nuestro proceso de transición a la democracia plena; de la totalidad de los protagonistas depende que se aproveche esta nueva oportunidad o se deje pasar de manera irresponsable.
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