Una de las llamadas reformas estructurales en la que hay un amplio consenso para su concreción es la fiscal; y para subrayar la amplitud de aspectos que ésta debería contemplar además del puramente recaudatorio, se le ha agregado el adjetivo de integral. Sin embargo, durante los últimos sexenios, estos intentos ni ha reforma han llegado siquiera, limitándose a los replanteamientos de las conocidas misceláneas fiscales, destacando los variados intentos por generalizar el cobro del impuesto al valor agregado a medicinas y alimentos (IVA).
Con la preeminencia que le da el gobierno a sus compromisos de deuda, el gasto en este rubro se lleva más del diez por ciento del presupuesto, pues es difícil que el 10% que recauda respecto al PIB alcance para que cumpla con otros compromisos, igual de prioritarios diríamos nosotros, con la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, y la infraestructura.
Lo que ha permitido sobrellevar la situación es el incremento en la ?petrolización? de las finanzas públicas (que supuestamente están saneadas), que ha pasado de 30 a 37 por ciento en los últimos años. Es decir casi 40 centavos de cada peso de gasto público es financiado por los ingresos petroleros.
Así pues, Felipe Calderón dice sentirse tranquilo en que ahora sí por fin se concrete la reforma, porque existe un consenso entre los partidos acerca de la necesidad que tiene el Estado de incrementar sus ingresos.
Solamente habría que recordar que dicho consenso se ha dado en ocasiones anteriores, lo que una vez más nos viene a confirmar que en los grandes problemas nacionales siempre hay acuerdos en reconocer que existen, las divergencias empiezan en como resolverlos, y cuando se llega a ello, todos dicen: sí, que se haga la reforma??pero en los bueyes de mi compadre?.
Que el tema es político, sin duda, y con ello no se dice nada nuevo, aunque los tecnócratas parecen no entenderlo (o quizá lo evaden), haciendo énfasis en la parte técnica de la solución. Ahora bien, que la cuestión sea política no quiere decir que se esté atorando por su partidización, sobre todo en el contexto de los partidos políticos con los que todavía padecemos en México, lo que quizá explique un poco porque no ha avanzado.
No, el problema de la reforma fiscal, más aún si se pretende que sea integral, se inscribe en el largo camino de profundización democrática que todavía debemos recorrer en México para transformar, o perfeccionar como quieren ver algunos, las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que se requieren para renovar nuestro pacto social. Por ello lo complicado.
Esto queda nítidamente ilustrado al considerarse que la reforma fiscal ?tiene el propósito de incrementar el ingreso del gobierno y acabar tanto como sea posible con las exenciones fiscales que se han configurado a lo largo de décadas, que en muchos casos son resultado de intereses políticos y de la capacidad de los poderosos grupos económicos de ejercer presiones.?. No, aunque lo parezca, quien emite estos planteamientos no es Andrés López Obrador, por lo cual fue acusado de ?peligroso? por los grandes corporativos, sino Felipe Calderón, quien remata diciendo que ?uno de los grandes cambios a los que las grandes compañías tendrán que acostumbrarse es a pagar impuestos.
Ya lo dijo un conocido economista inglés, Nicolás Kaldor, en relación con el México del pleno Desarrollo Estabilizador: ??Pero lo que en realidad pueda avanzarse en esa dirección (en una reforma fiscal), no depende meramente (?) de la correcta apreciación intelectual de los problemas técnicos que la reforma fiscal entraña. Es, predominantemente, cuestión de poder político?. Desde entonces esta era la cuestión.
Desde luego, la profundización democrática también implica la reestructuración del gasto público, que es un tema de primera relevancia que debe estar en las discusiones sobre la reforma fiscal integral.
No puede ser que el gasto corriente siga teniendo preeminencia sobre la inversión pública, que tanto urge.
Hemos insistido que se debe establecer un moderno mecanismo de rendición de cuentas que garantice la transparencia en el gasto público, y que tenga dientes, hay que enfatizarlo.
Los contribuyentes serán reticentes ha pagar impuestos si no ven como se canalizan estos en su beneficio, o si ven como las corruptelas y delitos de los funcionarios públicos quedan impunes.
Es, reiteramos, una cuestión de democracia pues, de una democracia social que vaya más allá de lo electoral, como hemos venido insistiendo, y que se apreste a hacer cuentas con los poderes fácticos. Todas las cuestiones técnicas de instrumentación, en donde se debe contemplar la eficiencia, se resolverán después de que el nuevo pacto social, que contemple la equidad, quede zanjado. Hay tareas.
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