Luego de los seis años de parálisis legislativa que significó la era foxista, parece que por fin la maquinaria del Congreso de la Unión se ha puesto en marcha para aprobar las reformas con las que se pretende fortalecer a la República y a sus instituciones. Este hecho, que por sí mismo permite asomar un poco de optimismo, no deja de tener sus riesgos.
El reproche recurrente y justificado de gran parte de la ciudadanía durante el sexenio pasado fue la falta de consenso y la pobreza en la discusión en torno a los asuntos nacionales más urgentes. Hoy, a un año de iniciada la era del presidente Felipe Calderón, se ha logrado superar la ausencia de acuerdos; pero que el debate en las cámaras haya alcanzado un nivel por lo menos aceptable, es algo que aún no puede presumirse.
Primero se aprobaron las modificaciones a la Ley del ISSSTE, luego las reformas electoral y fiscal y ahora se prepara el camino para los ajustes en materia penal y judicial. Más allá de la polémica que ha despertado en su momento cada uno de los temas, cabe cuestionar si por la prisa no se estará dejando de lado a la reflexión en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Definitivamente se debe aprovechar la coyuntura actual de aparente acuerdo entre partidos para poner sobre la mesa de discusión los cambios que tienen que aplicarse al marco legal y constitucional, de modo que puedan ser ejecutados lo antes posible. Pero eso no debe realizarse sacrificando la profundidad del debate y el cuidado en la redacción de los dictámenes. Lo hemos visto: los “errores” en materia de legislación derivan en vacíos y contradicciones de un alto costo para las instituciones y la sociedad.
Hoy más que nunca es necesario demandar a los diputados y senadores responsabilidad y respeto por la ciudadanía en su actuar. Si por lo urgente se soslaya lo importante, tarde o temprano veremos que la prontitud legislativa carente de reflexión puede resultar igual o más nociva que la parálisis. Celeridad y seriedad, pues, deben ir de la mano.
