Las principales universidades del país piden que la reforma judicial no se quede sólo en el ámbito penal y se extienda a todo el sistema de justicia. (El Universal)
Las instituciones judiciales son la clave que convierte un simple Estado Jurídico en un verdadero Estado de Derecho.
Las reformas en materia penal se han convertido, de manera cíclica, en una de las principales herramientas a las que se acude cada sexenio para combatir la delincuencia y la inseguridad.
Pero hasta el momento los resultados no han sido los deseados. La delincuencia sigue en aumento, al igual que la inseguridad.
Y esto ha llevado a recordar a algunos especialistas en la materia, como el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanas, Sergio García Ramírez, que “el país no se puede gobernar con el Código Penal en la mano”.
Y a otros de las principales universidades del país a pedir que la reforma no se quede sólo en el ámbito penal y se extienda a todo el sistema de justicia y no sólo a una de sus partes, porque se volvería a incurrir en el error de sólo colocar parches para cubrir una grieta que tiende a extenderse.
Tanto para académicos como para abogados litigantes e integrantes del Poder Judicial, la reforma que se pretende implementar en los próximos días goza de dos ventajas que no se han tenido en el pasado y que no se deben desperdiciar.
La primera es que se plantea como parte del proceso que se sigue rumbo a la reforma del Estado. Y la segunda es que, por primera vez, de manera oficial y no por debajo de la mesa, se invitó a participar con propuestas al Poder Judicial de la Federación, uno de los poderes que siempre había sido relegado de las reformas judiciales, pese a ser su materia de trabajo.
POR UNA TRANSFORMACIÓN
Con suerte y por fin, la reforma electoral será una puerta, una ventana. Un primer movimiento, necesario, para “meterle mano” al diseño y funcionamiento de las instituciones y poderes del Estado. La reforma judicial –que supone modificaciones de gran calado en el nivel federal y local- podría ser el siguiente paso. De ser así, si los ajustes apuntan en el sentido adecuado, sería posible acomodar las piezas que permitan reforzar el maridaje de nuestra democracia y el constitucionalismo de los derechos.
Después de todo, las instituciones judiciales –los poderes, instrumentos, procedimientos, etc., para la administración de la justicia- son la clave que convierte un simple Estado Jurídico en un verdadero Estado de Derecho o como –no sin algo de retórica- nos gusta decir a algunos: en un Estado de Derechos.
Por lo mismo no puede sino celebrarse que el propio Poder Judicial –de manera destacada la Suprema Corte de Justicia de la Nación- haya asumido un rol activo y comprometido con la reforma judicial.
Mediante iniciativas, foros, consultas y estudios, los integrantes de la Corte, han delineado propuestas concretas que, desde su perspectiva, deben encauzar la reforma judicial del país.
Los ejes principales de esa baraja de iniciativas son pertinentes: acceso a la justicia (en particular de carácter penal); fortalecimiento de los poderes judiciales locales; revisión y reforzamiento del juicio de amparo como mecanismo de protección constitucional. Los tres dardos apuntan en la dirección correcta: los rezagos en la administración de la justicia son ominosos; la dependencia y debilidad de la mayoría de los poderes judiciales locales es alarmante; la ineficacia garantista del amparo es evidente.
Así las cosas, a partir de un diagnóstico atinado, en términos generales, la propuesta elaborada por los ministros, sus asesores y algunos estudiosos y expertos merece la atención de los legisladores.
El dato es importante: el Poder Judicial –en concreto su órgano superior- es el último poder dentro del Estado y sin embargo, no lo puede todo. Para reformar su diseño, recursos e instrumentos deben tocar la puerta del Poder Legislativo –o para mayor precisión, si se piensa en grande, del Poder reformador de la Constitución- y en ello se juega un acomodo de eso que conocemos como “pesos y contrapesos”.
Será la voluntad de los legisladores y no la de los juzgadores la que determine cómo cambiarán las reglas que encauzarán el actuar de estos últimos. En otras palabras, detrás de una buena operación jurídica que dote de garantías efectivas a los derechos de las personas debe materializarse una operación política que, en mayor o menor medida, involucra a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
De ahí que, en este tema, frente al ciudadano que exige justicia y protección de sus derechos, la responsabilidad sea de todo el Estado. Y se trata de una responsabilidad impostergable porque, para decirlo sin rodeos, el entramado normativo con el que se administra la justicia en el país está, simple y sencillamente, rebasado. Por eso es tan relevante que hayan sido los propios juzgadores quienes han ofrecido al legislador algunos insumos para una reforma de gran calado.
Uno de los ejes de las iniciativas de la Corte merece en especial nuestra atención: garantizar la independencia y autonomía de los poderes judiciales locales.
Estudiosos como Hugo Concha Cantú, José Antonio Caballero, Carlos Natarén, por mencionar algunos, llevan años insistiendo en la relevancia estratégica de esta operación. Si lo que se quiere es hacer accesible y dotar de eficacia a la justicia, entonces, debemos voltear hacia las entidades federativas porque es ahí, en el nivel local, en donde tiene lugar el contacto cotidiano, ordinario, inmediato entre la ciudadanía y los jueces.
La advertencia que lanza Charles H. McIIwain en el sentido de que “la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente”, adquiere su sentido práctico en el ámbito de los estados. Y si logramos dotar a los poderes judiciales locales de esas características, de paso, apuntalamos el pacto federal.
Descalifica CNDH propuesta de reforma al sistema penal
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos manifestaron que la iniciativa de reforma al sistema penal propuesta por el Ejecutivo federal -en la que se permitirían el espionaje telefónico, los cateos y el arraigo sin orden judicial- constituye un grave retroceso, “algo verdaderamente siniestro” y un atropello para los derechos fundamentales.
El ombudsman nacional consideró que, por el contrario, una reforma penal integral debe contemplar la desaparición de la figura del arraigo “porque es anticonstitucional”, así como impedir que los cateos domiciliarios y el espionaje telefónico sean facultad del Ministerio Público, capacitar a los cuerpos policiacos y mejorar los servicios de investigación científica.
Criticó que en el sistema penal actual prevalezca la impunidad y que no se dicten otras medidas de sanción alternativas a la privación de la libertad como el servicio comunitario.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos exigió a los legisladores federales una reunión a fin de que los ombudsman locales puedan externar su preocupación en torno a dicha iniciativa.
Luego de inaugurar la Quinta Reunión Regional entre la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos y los organismos no gubernamentales, Soberanes Fernández destacó que la iniciativa original promovida por el presidente Felipe Calderón “es limitativa de las garantías individuales, algo verdaderamente siniestro que pondría en riesgo los derechos fundamentales”, aunque señaló que en reuniones informales con legisladores de todos los partidos políticos, éstos “han mostrado tener sensibilidad y decisión para impedir las consecuencias de una reforma poco reflexionada”.
Dijo que el hecho de que sea una propuesta del Ejecutivo federal “nos dice que, por un lado, está muy preocupado y por el otro, sus asesores no lo orientan bien”.
