“Un liberal sabe que la única certeza en el mundo es el cambio, pero cree que el cambio puede
dirigirse a un fin constructivo”.
Henry A. Wallace
Yo no sé si fue por la belicosidad con la que las televisoras defendieron su causa, pero el hecho es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia decidieron darles la semana pasada un severo golpe. Sin embargo, al eliminar no sólo la renovación automática, sino ordenar la licitación de las concesiones en cada refrendo, golpearon no sólo a las televisoras sino a las emisoras de radio y a cualquier empresa que opere concesiones otorgadas por el Estado mexicano.
Durante décadas las concesiones públicas en nuestro país se han renovado por decisión discrecional del Ejecutivo. La nueva Ley de Radio y Televisión buscaba eliminar esta discrecionalidad y dar certidumbre a los concesionarios. Con ellos se evitarían las presiones indebidas o los actos de corrupción que son consustanciales a las leyes de aplicación discrecional. Según la nueva Ley, mientras un concesionario respetara la Ley y las condiciones de la concesión, el refrendo sería automático.
El fallo preliminar de la Suprema Corte de Justicia la semana pasada ha eliminado la discrecionalidad, pero la ha reemplazado con una amenaza todavía más seria. Por ocho votos contra uno, los ministros determinaron que en cada refrendo debe haber una nueva licitación. Esta decisión coloca en riesgo no sólo a la industria de radio y televisión en nuestro país sino a cualquier otra empresa que utilice concesiones públicas. Quiere decir que en cada refrendo la concesión queda automáticamente en el aire. Cada vez tendrá que haber una nueva subasta pública.
Ningún país del mundo tiene una situación que promueva de esta manera la incertidumbre jurídica. Es como si al comprar un terreno o una casa, la Ley estableciera que, después de 20 años, el dueño tendría que licitar en contra de otros aspirantes para seguir ocupando esa misma casa.
Hay países, los de régimen comunista, que no concesionan los medios de comunicación. En Cuba, por ejemplo, este asunto no es tema de discusión: todos los medios son controlados directa y estrictamente por el Estado. Pero en ningún país de economía de mercado, o incluso de economía mixta, se tiene un sistema que haga que las concesiones al sector privado se liciten cada 20 años o en otro lapso cualquiera. Ni siquiera Venezuela ha llegado a ese extremo.
No solamente la industria de radio y televisión, sino todas aquellas que se acogen al régimen de concesiones públicas, tienen razón para temblar por esta decisión. ¿Deben los concesionarios de telefonía fija y celular, de minas, de puertos, de aeropuertos y de carreteras salir a competir cada 20 años por las concesiones que utilizan? ¿Realmente queremos castigar a los concesionarios que más inviertan en sus concesiones, ya que al darles más valor tendrán que pagar por ellas más en el refrendo o entregarlas a quienes no han invertido nada en su crecimiento? ¿Tendrán que cancelar las concesionarias las inversiones que no puedan amortizarse en 20 años o menos? ¿Habrán de eliminarse los empleos permanentes en empresas que trabajen con concesiones por la incertidumbre de que en el refrendo las concesiones simplemente se entreguen a alguien más?
Por otra parte, ¿qué ocurrirá con las concesiones que ya se han licitado y que se pagaron en el entendido de que no tendrían que licitarse en cada refrendo? Es verdad que a Televisa se le regalaron todas sus concesiones bajo ese viejo régimen discrecional que hoy tanto añoran los populistas, pero los accionistas de TV Azteca (empresa con la cual colaboro) pagaron 650 millones de dólares apenas en 1993 y no por los fierros -que se reemplazaron todos- sino por las concesiones. ¿Qué pasará ahora con las frecuencias de telefonía celular? ¿Tendrán que quedarse sin las concesiones quienes pagaron por ellas cifras fabulosas y que han invertido miles de millones de dólares en antenas, equipos y tecnología con la idea de que estas concesiones se renovarían llegado el momento?
La tendencia en los países democráticos es a dar a los concesionarios mayor certeza en lugar de reducirla; el propósito es garantizar la inversión de largo plazo. Los reguladores de esos países saben que, en una economía globalizada, los países que saldrán adelante y le darán un mejor nivel de vida a su población son los que invierten más en tecnología. Pero los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia parecen estar diciendo que, cuando menos en el campo de las telecomunicaciones, que es el que más está creciendo en nuestro país, cada 20 años hay que hacer borrón y cuenta nueva en las inversiones.
Esperemos que la Corte rectifique -aún hay oportunidad legal de hacerlo- o que cuando menos explique cómo van a operar las industrias en los sectores concesionados con esta nueva regla, la cual siembra la incertidumbre como en ningún país del mundo.
VALOR DEL AIRE
En las discusiones sobre la nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones mucho se ha subrayado que el espectro radioeléctrico le pertenece a la nación. Y quizá así sea. Pero al contrario de otros “recursos naturales” que tienen un valor intrínseco, como el petróleo y el gas, el espectro no es más que aire. No vale nada sin un inversionista dispuesto a apostar su dinero en producir y emitir contenidos valiosos a través de las ondas herzianas. Por sí solo, sin esas inversiones cuantiosas, el aire sólo vale… lo que el aire.
